La sectorial de Enseñanza de la Unión Obrera Balear (UOB) acusa el conseller de Educació, Martí March, de "atacar la dignidad profesional de los docentes con la instrucción de hacer fichar en los centros educativos". El sindicato lo considera "una medida injusta e innecesaria que da a entender que hasta ahora no cumplíamos con nuestras obligaciones y se nos tenga que tener vigilados y controlados". De esta forma, UOB se suma a la postura expresada este jueves por el STEI, que pidió la retirada del sistema de fichaje de las entradas y salidas del profesorado, "por el gran desconcierto que supone su aplicación, apenas al inicio del nuevo curso escolar, y por los perjuicios que supone encima el profesorado".
Por un lado, el STEI considera que el Real decreto ley 8/2019 de medidas urgentes de protección social y de lucha contra la precariedad laboral a la jornada de trabajo "solo afecta el Estatuto de los Trabajadores y no el Estatuto Básico del Empleado público (EBEP); por lo tanto, no hay ninguna norma legal que obligue al registro de la jornada en el ámbito del personal docente". El sindicato afirma que "la ley estatal está pensada en la defensa de los trabajadores de la empresa privada para parar los abusos que se producen en no pagar muchas de las horas extraordinarias que se hacen; por lo tanto, en la defensa de las trabajadoras y trabajadores y contra la explotación laboral".
TRABAJO FUERA DE LAS CLASES
Este sindicato entiende que esta situación "no se da en la aplicación actual del marcaje en los centro docentes, que no recoge muchos supuestos en que el profesorado hace un trabajo efectivo como preparación de clases o corrección de exámenes, reuniones de nivel y de ciclo, coordinaciones, atención a padres, formación en centros de trabajo, equipos de atención temprana, desplazamientos entre islas entre Ibiza y Formentera, viajes de estudios..."
Tanto STEI como UOB piden la retirada del sistema de control horario para los profesores. Este último sindicato va más allá y hace un "llamamiento a la insumisión" anunciando que demandará el conseller March y al director general de Planificación, Antonio Morante, "si continúan sin contestarnos con qué base legal nos ordenan registrar entradas y salidas".
