España es el país de la política en diferido. La que se anuncia un día y ya se verá cuándo se aplica. Política de titulares y propaganda, basada en el cortoplacismo y el engaño permanente a los ciudadanos, a los que nos toman por tontos. Ejemplos de esta política del engaño hay muchos, pero proliferan especialmente cuando se acercan las citas electorales y en esas estamos. Por eso, Pedro Sánchez llega a Mallorca y anuncia que el Gobierno presupuestará las medidas fiscales recogidas en el Régimen Especial de las Illes Balears que deberían haberse puesto en marcha en 2020. Si se cumple la buena nueva del presidente español, la medida llegaría con tres años de retraso -de ahí lo de política diferida-, pero mientras tanto le habrá servido como promesa electoral en dos elecciones, con un intervalo de cuatro años. No descarten que dentro de otros cuatro, se repita la escena.
Pero es que la política, en general, es una descojone. La vicepresidenta Teresa Ribera, presentaba esta semana un ambicioso plan de contingencia energética aprobado por el Consejo de Ministros bautizado como '+Seguridad Energética' con el objetivo de «incrementar la protección de la población frente a la crisis de precios provocada por la guerra en Ucrania». También conseguirá «reducir el consumo de gas del país entre un 5,1 y un 13,5%, mejorará la autonomía energética y aumentará la competitividad de la economía, a la par que elevará las exportaciones energéticas, actuando solidariamente con el resto de la UE», en palabras de la titular de Transición Ecológica. Eslóganes y titulares que suenan muy bien, pero cuando se analiza el plan, la mayoría de las 73 medidas propuestas a lo largo de 144 páginas no se explican ni concretan cómo se harán, ni cuándo entrarán en vigor. Habrá que esperar al diferido para ver en qué queda el anuncio.
Entonces comparece el presidente del Gobierno en el Congreso y para decir que las medidas beneficiarán a un millón y medio de hogares trabajadores, como si el resto no fueran hogares trabajadores también. Tremendo. Y nos hablan de porcentajes, que si el 65%, o hasta el 80% de bonificación sobre una factura que nadie entiende, que si la creación de franjas de consumo… Vamos, un galimatías que pocos entienden y menos los hogares trabajadores. En unas semanas comprobaremos el efecto en diferido de las medidas anunciadas y si, de verdad, son lo que dicen o se quedan en otro anuncio más.
Otro ejemplo de política en diferido lo protagonizaba el conseller de Movilidad y Vivienda, Josep Marí este martes en el Parlament, cuando se le interrogaba por la política de vivienda del Govern. Desde las filas de la oposición, se le recordaba al conseller que el Govern prometió la construcción de 1.800 VPO en 2019, pero que solo han puesto en el mercado 476, una cuarta parte de lo anunciado. La respuesta del conseller es un Máster en política diferida: tenemos equis viviendas en licitación, otras tantas en proceso de licitación, algunas se están construyendo, etc. Vamos, que lo prometido tendrá que esperar y ya veremos cuándo se convierte en realidad, si es que algún día lo llegamos a ver.
