El PP ha considerado que la Ley de la Buena Administración y del Buen Gobierno no contribuirá a luchar contra la corrupción en Baleares y ha exigido que esta nueva normativa no suponga mayor gasto público para la comunidad. Por ello, de los 55 artículos con los que cuenta la normativa, los 'populares' han presentado una enmienda a la totalidad. Esta enmienda, así como otras 55, de las cuales más de la mitad son de supresión, se presentan “por coherencia”. Los parlamentarios del PP Antoni Serra y Catalina Soler han considerado que esta nueva ley “de buen gobierno, sólo tiene el nombre” y han lamentado que la mayor parte de los artículos ya estén recogidos en “otras leyes que funcionan bien”. Así, han remarcado que su aplicación no debe suponer un incremento del gasto público y han criticado que la ley cree una nueva escala de funcionarios. Tampoco se han mostrado a favor de que haya incentivos económicos para los empleados públicos que trabajen mejor puesto que ya existen los de productividad. En relación a la creación de la oficina de evolución pública, han reprochado que no tenga en cuenta la labor desarrollada por los interventores, si bien no han rechazado su existencia siempre y cuando no suponga más gasto público.
