La legítima aspiración de un gobierno de modificar los acuerdos vigentes debe asentarse en bases sólidas, objetivas y equitativas. En el caso de salud, se manifiestan considerables inconsistencias. De hecho, las improvisaciones y la fragilidad de las argumentaciones están provocando un intenso efecto boomerang.
Un simple recorte de la hacienda pública no se puede presentar como una actuación de racionalización y ahorro. Mas si este representa el enésimo recorte en el sector público más castigado en la última crisis.
Recorte que se realiza sin la participación de la consejería competente y la deja a los pies de los caballos.
Recorte que discrimina de forma selectiva a sus trabajadores en relación a los profesionales del resto de comunidades.
Recorte aplicado desde el más amplio desconocimiento. En las primeras declaraciones públicas, el portavoz del ejecutivo informa, en un ejercicio de ignorancia y atrevimiento, que va dirigido a los facultativos, sin darse cuenta que afecta a un colectivo mucho más amplio y diverso. En este mismo sentido, trata y presenta el desarrollo profesional, recogido en tres leyes básicas, como un plus graciable.
Como guinda, entre unos y otros, han implicado de lleno a la presidencia del Govern con argumentos confusos, irritantes e insustanciales. Argumentos falaces que nos recuerdan las simplezas que caracterizaron los ridículos recortes sanitarios del trio Bauzá-Aguiló-Castro; recortes, que a la postre, situaron al Govern en la desconfianza ciudadana.
Manuel García, Xisca Galmés, Guillem Vila, Miguel Ángel Romero, Miguel Lázaro …, y sus respectivos sindicatos no encabezarían conjunta y solidariamente una reivindicación de la que no estuvieran plenamente convencidos.
El Govern tiene que tener la humildad de reconocer el error y rectificar a tiempo. Salud tiene recursos, capacidad y la confianza del sector para reconducir la problemática sin interferencias externas. Dejemos que gestionen la pronta resolución de un conflicto que solo provoca daños a todas las partes.
