Peligroso pulso Govern-TSJIB

El precipitado y voluntarista TIL, impulsado por el Consolat sin contar con la comunidad educativa, ha entrado en la más peligrosa de las pendientes: un pulso de consecuencias imprevisibles entre el Ejecutivo y el Tribunal Superior de Justicia. Ya no estamos ante una sentencia y un recurso al Tribunal Supremo. Nos hallamos ante un pulso de autos y recursos para dirimir si el TIL ha de ser aplicado o no este curso o si ha de ser suspendido cautelarmente de forma inmediata.

Toda colisión de poderes es preocupante en una sociedad democrática. Incluso cabría afirmar que es peligroso. La colectividad mira desconcertada una pugna entre los encargados por mandato constitucional de dirigir a la sociedad por un lado y a los también encargados por mandato constitucional de la correcta aplicación de las leyes y las normas. Desde el maestro Aristóteles a nuestros días, tal choque entre poderes del Estado sólo tiene una definición: crisis institucional. Se trata de una situación inusual en el sistema democrático, pero de un calado enorme.

El Tribunal Superior ha sentenciado en contra del TIL y el Consolat continua decidido a aplicarlo sin esperar a lo que decida el Supremo. No es una cuestión baladí, anecdótica o secundaria. Se trata del decreto estrella del actual Ejecutivo, uno de los buques insignia de la actual legislatura, que afecta a centenares de centros docentes, a miles de profesores y a centenares de miles de alumnos y padres con el curso ya comenzado.

Ya no es el momento de debatir si el TIL se aprobó y se puso en funcionamiento de manera apresurada entre una encendida protesta de los docentes. Por otro lado, ya no es el instante de subrayar que la gran mayoría de la sociedad está a favor del trilingüismo, criterio incluso compartido por muchos de los que protestan por la aplicación de este TIL. Esta fase de este pleito ya ha quedado en segundo término.

Ya nos encontramos en un nuevo estadio, el del choque de poderes, el de quien decide si aplica o no una norma que afecta a muy buena parte de la sociedad. Hace falta mucha altura política y jurídica para solucionar esta pugna, que toca los cimentos del sistema de libertades regulado por las leyes y las normas.

Cabe esperar que los principales actores de esta lucha estén a la altura de estos momentos. Ya no caben decisiones simplistas o esquemáticas, jamás caben cuando se produce una crisis institucional.