Antoni Noguera se ha salido con la suya y se ha llevado, de paso, la ovación del respetable. Ha conseguido que en su primer pleno como alcalde, su antecesor José Hila (PSOE) haya sido abucheado por abstenerse en una propuesta popular tan trascendente y relevante como la prohibición del alquiler turístico en toda la ciudad, presentada por la Federación de Asociaciones de Vecinos y defendida por nada menos que 15 entidades. Noguera ya se mostró a favor de dicha medida a finales del mes de marzo, cuando dijo: “El próximo verano, esté o no aprobada la zonificación turística que debe realizar el Ayuntamiento, el alquiler vacacional en viviendas plurifamiliares estará prohibido y los propietarios que lo practiquen se expondrán a unas multas de 40.000 euros”. Aquello contrarió tanto a sus socios de gobierno en Corto, como a la propia conselleria de Turismo y a la Asociación de Apartamentos y Viviendas de Alquiler Aptur-Baleares. Y pese a todo, lo ha conseguido. Pero no hay que llamarse a engaño, porque el respaldo político es más bien escaso dado que ha salido adelante únicamente con los votos a favor de Més y Podem. Ello ha sido posible gracias a la abstención de PP y PSOE (partido que ha sido abucheado por tal motivo) y el único voto en contra de Ciudadanos.
Es innegable que existe un problema de acceso a la vivienda de alquiler en Palma, agudizado en algunos barrios históricos como el casco antiguo, Es Jonquet, Santa Catalina y otros. Y también es notorio que el alquiler turístico está generando otro tipo de problemas de convivencia y de índole social, como la expulsión de los residentes. Dada la gravedad de la situación se impone la adopción de medidas como la aprobada por Cort. Los pisos y apartamentos en edificios plurifamiliares no deben ser alquilados a turistas sino a residentes, cosa que ya estaba prohibida en la Ley Delgado pero que, lamentablemente, no se ha hecho cumplir con el rigor necesario. Las consecuencias las vemos ahora.
Ya son muchos los municipios que se muestran partidarios de la prohibición, como todos los de la isla de Ibiza excepto Sant Joan de Labritja. Y es que no parece que haya otra salida para garantizar el acceso a la vivienda de alquiler. Ahora solo falta que se cumpla lo acordado y que se dispongan los medios necesarios para perseguir y sancionar a los infractores.
