Palma ocupa el segundo lugar en el ranking de ciudades europeas más contaminadas por las emisiones producidas por los cruceros, por detrás de Barcelona y ligeramente por delante de Venecia, Civitavecchia (Roma) y Southampton. El dato lo hacía público este miércoles la organización Transport & Environment, una entidad cuya finalidad es lograr la sostenibilidad en el ámbito del transporte.
Los datos de T&E constatan que los cruceros que llegaron a Palma el año 2017 emitieron óxidos de azufre en una cantidad que multiplicaba casi por diez la producida por todos los coches de la ciudad. En la misma proporción, sólo Carnival Corporation -el mayor operador mundial de cruceros-, emitió el mismo año casi diez veces más dióxido de azufre en las costas europeas que el total de los 260 millones de coches de la Unión Europea, Noruega, Islandia, Montenegro y Groenlandia.
Los datos, preocupantes por lo que representan de riesgo para la salud y el medio ambiente, se han hecho públicos en pleno debate local sobre la idoneidad de reducir el número de cruceros con escalas en la capital. Las opiniones al respecto están enfrentadas. Así, mientras entidades ecologistas, Autoridad Portuaria y la propia Dirección General de Puertos y Aeropuertos del Govern se manifiestan abiertamente a favor de una regulación que limite el número de cruceros en Palma, asociaciones empresariales y comerciantes reclaman que no se pongan límites a una actividad que genera negocio y atrae turistas de alto poder adquisitivo sin consumir territorio ni recursos.
Muchas han sido las propuestas realizadas para acometer el asunto. Espaciar las llegadas, realizar las maniobras en las horas menos molestas, desviar las escalas a puertos como los de Alcúdia o Mahón, evitar los megacruceros autorizando únicamente buques de menor tamaño... Los remedios son muchos, pero su viabilidad parece más que cuestionable. Un debate así sobre el aeropuerto, los aviones o la contaminación que produce el queroseno de aviación es impensable.
El debate debería resolverse más pronto que tarde. La prohibición no parece ser la solución, sin antes haber regulado el tipo de combustibles permitidos -España se encuentra entre los países más permisivos con los niveles de azufre en combustibles marinos- o sin aclarar el sentido de las infraestructuras ya creadas para atraer este tipo de barcos y que ya han supuesto una importante inversión pública. Hay que definir muy bien lo que se quiere, con un horizonte amplio de tiempo, sin dejar expuestas actividades tan determinantes para la economía local a los vaivenes políticos, a las presiones de grupos minoritarios o a la aparición de estudios de todo tipo que, según quién los haga, tanto permiten apuntar en un sentido como en otro.