Palma a 30 kilómetros por hora

El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Palma integrado por PSIB, Més y Podemos va a llevar al pleno de diciembre una proposición para que la capital se adhiera a la campaña "Ciudad 30" que impulsa la Red de Ciudades por la Bicicleta. En la práctica, se pretende que esta adhesión permita limitar la velocidad a 30 kilómetros por hora en el núcleo urbano de Palma, con las excepciones que el propio Ayuntamiento considere.

La iniciativa va en línea con la pretensión del Ministerio del Interior para cambiar el Reglamento General de Circulación tal y como señaló su titular, Fernando Grande-Marlaska, hace una semanas. La idea es, por una parte, proteger a los usuarios más vulnerables de las vías urbanas y, por otra, reducir la contaminación que producen los vehículos. Otros ayuntamientos españoles ya han actuado en este sentido adoptando medidas incluso más radicales como es el caso de Madrid, que ha cerrado el centro únicamente para residentes y transporte público. La medida no ha estado falta de polémica, especialmente por parte de los repartidores y comerciantes que ven una complicación añadida a su trabajo y un perjuicio para sus negocios.

Este tipo de medidas deben ir acompañadas de estudios que justifiquen su implantación. En el caso de Madrid, la medida afecta a menos del 2 por ciento del tráfico de la capital y en algo más de uno por ciento de toda la contaminación que genera la circulación, a pesar de lo cual se ha implantado.

En el caso de Palma, las restricciones adoptadas al inicio de la legislatura en torno al Paseo del Borne han conllevado críticas de los comerciantes y han generado un tráfico residual en las zonas adyacentes provocado por los conductores que ahora debe dar más vueltas para llegar al destino o para encontrar un aparcamiento.

Es acertado actuar con el objetivo de conseguir ciudades más tranquilas y sostenibles, pero todas estas iniciativas y restricciones a la circulación deben adoptarse siempre una vez comprobado que no conllevan más perjuicios que beneficios y que favorecen a una inmensa mayoría de ciudadanos. En este aspecto, además, juega un papel determinante el desarrollo de un transporte público de calidad sin el cual las prohibiciones sobre los vehículos privados no harán más que complicar la movilidad de todos. Y en Palma, al transporte público aún le falta mucho para poder ser considerado un medio alternativo que ofrezca un servicio solvente, tanto desde el punto de vista de la capacidad como de las frecuencias y la cobertura.