Arrecian las críticas desde distintos ámbitos por el reparto del dinero recaudado con el impuesto de turismo sostenible o ‘ecotasa’, que este pasado año 2016 ascendió a 30 millones de euros. Básicamente son los ayuntamientos quienes se sienten desatendidos por la Conselleria de Turismo, pues la mayor parte de proyectos aceptados y que serán sufragados con estos fondos provienen de los Consells Insulars y del propio Govern. En la FELIB el malestar es palpable, así como entre los partidos de la oposición y grupos ecologistas y empresariales representados en la Comisión de Impulso al Turismo Sostenible. Incluso Podem Illes Balears se ha mostrado crítico, lo que permite aventurar un aumento de las tensiones entre los socios de los Acords pel Canvi, además de los derivados del nombramiento del nuevo presidente o presidenta del Parlament.
Muchos proyectos aprobados por la Comisión estaban previstos para su ejecución con cargo a los presupuestos de la CAIB
Es cierto que los ayuntamientos tenían muchas expectativas y que es imposible satisfacer a todos, dado el elevado número de proyectos presentados (que ascendían a 160 millones) para ser costeados con tan solo 30 millones de euros. Pero no es menos cierto que muchos proyectos aprobados por la Comisión estaban previstos para su ejecución con cargo a diversas partidas de los presupuestos de la Comunidad Autónoma.
Claro que el problema es la infrafinanciación que padece Balears y que las necesidades son muchas y pocos los recursos económicos. Gobernar es precisamente gestionar los recursos disponibles y priorizar en qué se invierten. Pero el Govern de PSIB y Més no acaba de acertar a la hora de satisfacer al menos las demandas de su electorado teórico. Ni sus socios de Podem están contentos ni tampoco lo están las organizaciones ecologistas. Y es que en el área de Turismo no parece que se esté acertando mucho y lo que se hace no contenta a nadie, como ha sucedido con el borrador de la Ley de Turismo que regulará el alquiler turístico.
