Diario de Mallorca dedicó esta semana a publicar, en entregas diarias, un listado de irregularidades que está ocurriendo en el sector público de las Baleares, nada muy diferente de lo que ocurre en el resto de España: desde el incumplimiento absolutamente generalizado de la Ley de Contratos, a la ausencia de todo criterio laboral en empresas y función pública, al reparto descarado del pastel entre los propios partidos políticos, a veces incluso sin cuidar las formas, incluso dejando ver la miseria moral de sus dirigentes. Básicamente estos reportajes revelan un listado de evidencias de cómo nuestro sistema político ha ido degradándose hasta llegar a que la putrefacción emerja hasta por las rendijas de las puertas cerradas con candado. Recordemos que en algún momento hasta el diez por ciento de los diputados autonómicos estaban imputados en causas penales. A mi entender, esta degradación no se hubiera producido si no se dieran otras cuatro circunstancias que, en cierta forma, permiten este derrotero, lo facilitan, lo convierten en una tarea sencilla para los políticos. Son los contrapesos que no funcionan, que no existen, que no hemos cuidado y que permiten estos desmanes. La democracia necesita contrapesos y los hemos desmontado, al menos en parte. En primer lugar, los medios de comunicación no están cumpliendo su papel con rigor. Sea porque algún periodista prioriza su ideología a la verdad, o más frecuentemente porque algún editor prioriza su beneficio económico -ocasionalmente también su ideología- a la función social de su actividad, el hecho es que los medios de comunicación no controlan al poder público como sería necesario. Este es un fenómeno generalizado en toda España, pero no por ello deja de ser un factor decisivo para que se puedan producir estos escándalos sin que nadie los conozca suficientemente. En segundo lugar, la ausencia total de trasparencia en la Administración. En la mayor parte de la Europa del Sur, Internet es un juguete para que el poder público nos maree vendiéndonos tonterías, pero no es un vehículo de trasparencia. En la Europa del Norte y, sobre todo, en Estados Unidos, Internet ha servido para saber absolutamente todo lo que hacen los gestores públicos. Y eso significa que podemos conocer exactamente todo lo que han gastado, cómo, por qué, en qué conceptos. El final de la corrupción de nuestra democracia se producirá el día en que, sin más, automáticamente, todos los gastos, dietas, viajes, comisiones y contabilidad pública estuvieran públicas en la red en tiempo real. Al principio nos provocaría sorpresa, pero con el tiempo sólo quedaría en la memoria lo que es alarmante, lo que es censurable. Lo que pagamos todos, lo deberíamos conocer todos, sin esfuerzos y sin tener que hacer complejas búsquedas, desenmarañando mensajes manipulados, titulares engañosos, enfoques retorcidos. En tercer lugar, la carencia de mecanismos de control parlamentario y, en ocasiones, los consensos. El control parlamentario simplemente no existe porque el Gobierno prácticamente sólo informa de lo que le parece bien, cuando le parece bien. La oposición queda desasistida y, a veces, hace un llamado a la responsabilidad pero esta misma oposición lo olvida tan pronto como accede al Gobierno y se da cuenta que se vive mejor en la opacidad. En otras ocasiones, los parlamentarios son simplemente incapaces intelectualmente para entender cómo funciona un organismo público o frecuentemente les es más rentable hacer la ola a su líder cada vez que este barrunta una 'ideilla' que no ejercer su función parlamentaria: el líder, que es quien decide la continuidad política de los diputados, premia el borreguismo y nunca la eficacia, muy arriesgada para sus intereses. Y, como guinda, está el consenso parlamentario. Yo no recuerdo ni un solo caso en el que los consensos, un mantra de nuestra democracia, no hayan sido para perpetrar alguno de los abusos que han desembocado en estos desaguisados: allí están todas las normas que permiten estas empresas, el número demencial de asesores, la cantidad de cargos, el incremento de consellerias, el reparto de dietas. Siempre por consenso porque hoy por tí, mañana por mí. Y, finalmente, los ciudadanos. Es verdad que nos falta información; es verdad que en muchas ocasiones la prensa nos engaña, es cierto que los políticos no nos dicen la verdad, pero más o menos todos, a partir de nuestro día a día hemos conocido cómo se entra en las instituciones públicas, cómo nos atienden, cómo funciona y, sin embargo, a nadie le interesa que le vengan con problemas políticos. Somos los ciudadanos los que no queremos que nos hablen de política, ignorando que el espacio que no ocupamos los paganos, lo ocuparán otros, más interesados. Hemos aplaudido ver televisión autonómica pero no quisimos saber qué costaba; hemos celebrado que nos hagan autopistas, pero no nos importa quién paga; pedimos polideportivos en cada barrio pero no nos importa si se usan. Tener una sociedad desmotivada, pasiva, que no tiene interés es, al final, el gran fallo de la democracia española. Un anuncio de televisión de Los del Río, pidiendo el voto afirmativo de los españoles en el referéndum fallido de la Constitución Europea era un ejemplo de lo que somos: decían que si nosotros, los españoles, no hemos leído el proyecto, pero los que sí entienden dicen que les gusta, hemos de votar que sí. Magnífica descripción de una sociedad mayoritariamente ignorante. Yo hasta diría que hay quienes son conscientes de ello: la tremenda degradación de la educación en España, la que nos ha convertido en un país con una formación media patética, no puede ser accidental. ¿Es que hay alguien a quien le interesa seguir teniendo un país que no entiende nada?
