Sin pretender ni mucho menos dar lecciones a nadie ni sentar cátedra, siempre me ha sorprendido que la Justicia ponga según qué asuntos en manos de jurados populares. No suelen ser asuntos banales. Casi siempre, por lo menos los que trascienden a los medios de comunicación, suelen ser asuntos muy serios, y, desde mi punto de vista, de una complejidad tremenda en los que no me gustaría nada verme involucrada. No quiero ni pensar lo que debe ser descifrar un sumario de montones de folios escrito en lenguaje jurídico -en el que los términos del lenguaje coloquial adquieren un significado diferente, y aunque no lo entiendas, te crees que lo has entendido-, con un montón de pruebas e informes periciales incomprensibles para un ciudadano normal, y en el que se juegan los garbanzos una serie de abogados que se las saben todas, aunque en este caso me temo que ni siquiera va a haber abogado, lo cual se me antoja casi peor, y más teniendo en cuenta el ruido mediático que precede al caso. Además, lo que se le pide al jurado no es que imponga una pena por la comisión de un delito demostrado, que probablemente es algo que sí se le podría pedir: ¿qué le harían ustedes al que ha hecho esto? No. Lo que se le pide es que descifre el sumario y decida si ese acusado es culpable o inocente, ni más ni menos. Si ya para los jueces son asuntos delicadísimos que requieren de toda su pericia para ser objetivos y no dejarse arrastrar por la habilidad de los abogados ni por el bombardeo de los medios, y tardan lo que tardan en dictar sentencia, imagínense para un ciudadano cualquiera sin ningún interés en juzgar a nadie, y que además no puede dedicarle al asunto todo el tiempo del mundo porque tiene otras cosas que hacer. Lo comparo a enroscarle a la familia de un paciente la responsabilidad de qué diagnóstico se le adjudica, y, en función de ese diagnóstico, aplicarle un tratamiento al paciente, cuando para eso estamos los profesionales que somos los que nos tenemos que mojar y nos pagan por asumir esa responsabilidad. Este tipo de jurados probablemente tenían su razón de ser cuando no había jueces ni leyes, ni informes periciales, todo el mundo se conocía y las cosas eran más simples, pero en un país mínimamente organizado, es colocarles a una serie de ciudadanos elegidos al azar, una responsabilidad para la que no están preparados. Y lo peor es que no pueden declararse incompetentes por muy evidente que sea. (*) Médico de Urgencias.
