Los medios de comunicación acaban de publicar varias decisiones judiciales según las cuales algunos casos de presunta corrupción política de los últimos años se archivan por motivos tales como prescripción de los hechos investigados, la ausencia de pruebas fiables o porque los indicios se han revelado como insuficientes. Otros medios de comunicación, por su parte, apuntan a que en las próximas semanas habrá nuevas casos que correrán igual suerte. Estaríamos asistiendo a un desmontaje de parte de la larga lista de casos de corrupción que nos ocuparon los últimos años. Algunos de esos asuntos han sido nacionales, pero los más son locales, parte de la interminable saga que ha venido ocupando las portadas de todos los medios desde hace algo más de tres años a hoy. En general, estos casos, dotados de nombres peliculeros, habían estado rodeados de una expectación inusitada, conformando lo que todos hemos visto como una especie de festival mediático, proporcionado con los hechos que se relataban, pero fuera de lugar si no hubiera pruebas ni sustancia en consonancia. A cualquier persona equilibrada le tiene que resultar muy chocante que una sospecha que había provocado un escándalo, que supuso despliegues policiales muy cuidadosos, que tuvo amplia cobertura mediática, que fue presentada como más que cierta aunque nunca se ratificara, acabe archivándose. O bien en su momento hubo un exceso, presentando los asuntos como si fueran casos de auténtica corrupción o el procedimiento se ha llevado mal, por lo que no se han presentado pruebas suficientemente claras contra los acusados o, mucho peor aún, los archivos tienen lugar con fundamentos endebles, por decirlo de alguna manera. Lo que no es normal es que aquello que se inicia como si fuera el descubrimiento de la gran corrupción, acabe como un asunto menos importante que saltarse un semáforo. En cualquiera de los tres casos que pudieron haber ocurrido, la democracia se resiente seriamente, el modelo cruje y, lo peor, nos prepara para que la credibilidad de otras actuaciones futuras caiga en picado, tal vez dejando impune otros casos de corrupción. Investigaciones 'alegres' Si la policía y la fiscalía sobreactuaron en los primeros momentos de las investigaciones, dado que ambas dependen jerárquicamente del Gobierno central, obviamente se van a levantar sospechas respecto a la utilización política de estas instancias para beneficiar a quien ostenta el poder. Ya cuando se llevaron a cabo ciertas acciones -me viene a la cabeza el nombre de Rafael Durán, portada de toda la prensa esposado, cuando según su círculo próximo, incluso en el caso de ser culpable, nunca hubiera tenido pena de prisión-, se puso en cuestión el estilo de los despliegues y la cobertura mediática que se propició. La profusión de casos, la extensión de las detenciones, la amplitud de las actuaciones pueden haber dado pie a que haya habido alguna ligereza. El tema es muy comentado entre los abogados de Palma que, sin embargo, dicen que tienen que callar porque al final deben convivir con esta realidad. La calidad de la investigación Si, por el contrario, la instrucción se ha llevado mal, si los casos eran efectivamente graves pero no se ha sido capaz de recoger las pruebas necesarias, si se ha armado el número mediático pero no se han logrado los datos inequívocos y contendentes que requiere un asunto de estas dimensiones, nuevamente el sistema se resiente: estaríamos ante una corrupción de la que existe el convencimiento de que es real, pero que no somos capaces de probar y, por supuesto, en ese caso el acusado tiene el derecho de irse impune, incluso con una sonrisa irónica. Esto significa que el delito de corrupción política se habría refinado tanto que puede llegar a carecer de riesgos. Aunque todos los sabuesos judiciales y policiales se pongan a buscar, el mecanismo de pago de comisiones sería más sofisticado que la capacidad de nuestros investigadores. Si esto fuera así, si los ciudadanos nos tuviéramos que adaptar a que esto puede ser así, comprenderán que más vale largarse; significaría que sólo el aldeano chapucero corre el riesgo de caer, pero que la gran corrupción no tiene riesgos. Por lo tanto, deseemos que se trate sólo de casos aislados de incompetencia en la investigación. La hipótesis impensable Mucho peor aún, el tercer supuesto deberíamos descartarlo por inconcebible: que estén las pruebas, que se pudiera llegar a producir una condena pero que la Justicia no tenga auténtico interés en llevar el asunto hasta el final debería ser impensable, por dañino para el sistema y, por supuesto, contrario a todo lo que deberíamos hacer. Sea cual sea la razón por la que se están derrumbando varias de las acusaciones que han conformado el espectáculo mediático de los últimos años, este país, si pretende ser serio, debería reorganizar los mecanismos de lucha contra la corrupción para resolver algunas carencias comprobadas en estos años: Secreto real En primer lugar, es fundamental que las investigaciones de delitos de esta naturaleza sean radicalmente secretas hasta que haya una acusación formal, sólida y estructurada, para que no sea posible el uso de las mismas para obtener rédito político. Sobra decir que es ridículo y descalificador que algunos investigados conocieran por la prensa todo lo que se sospechaba de ellos. A muchos les ha sobrado tiempo para 'maquillar' su documentación, gracias a estas acciones secretas. Las anécdotas ridículas en estos asuntos son innumerables y descalificadoras de cómo estamos haciendo las cosas. Cualificación y competencia En segundo lugar, es imprescindible que los equipos investigadores de estos temas sean de primer nivel, capaces de entender con precisión cómo funciona esta corrupción y que no ocurra, como ha ocurrido, que sus preguntas revelen una patética ignorancia. Cuando lo que está en juego es muy importante y cuando hay recursos muy sofisticados, no se puede actuar como lo hubiera hecho Mortadelo y Filemón. Velocidad En tercer lugar, es importante la agilización de estos procedimientos para, una vez conocidos, se pueda hacer justicia en el menor tiempo posible. En Estados Unidos, pese a la complejidad del caso, Madoff ya lleva un año entre rejas, cumpliendo su condena definitiva por una estafa financiera complicadísima que se empezó a investigar mucho después de que aquí en España y en Baleares se iniciaran otros casos de los que aún seguimos sin saber nada. Resolver estos asuntos de forma que podamos decir que en España no ha lugar a la corrupción es muy importante para la economía, para nuestra democracia, para nuestro futuro y para la convivencia. Alimentar la dinámica de que los de un partido o los de otro son corruptos puede dar rédito en unas elecciones, pero al final es un suicidio colectivo porque nos desprestigia como país, como autonomía.
