Si Josep Melià se desentiende de Unió Mallorquina y se sigue sentando en el Parlament con el acta de diputado que obtuvo por este partido, formalmente, es un tránsfuga. Si no renuncia a su sueldo y cargo, ¿le podrán pedir responsabilidades los Anticorrupción por los supuestos desmanes de la formación que presidía hasta que se dio de baja? E incluso aunque él no quiera seguir respondiendo por UM, alguien tendrá que hacerlo. Mientras, el presidente del Govern de la pasada legislatura tiene que reunir precisamente estos días una fianza civil idéntica a la solicitada por Anticorrpción al moribundo partido por el Caso Picnic. De nada le han valido sus explicaciones a Jaume Matas para evitar que el juez Castro le imponga los 1,6 millones de euros de caución que solicitaba el mismo fiscal, Pedro Horrach, por la Opera de Calatrava. Retomando preguntas abiertas: si se pueden juzgar proyectos políticos en los tribunales, ¿tiene que tener algún temor Margarita Nájera por su rehabilitación de la Playa de Palma, en la que hay millones de euros enterrados y años de trabajo retribuidos? Si algún ciudadano anónimo lleva el caso al 3 de instrucción, ¿también entrará el juez estrella en el discutible y discutido plan, paralizado por las protestas vecinales? ¿Y si alguien decide denunciar a la presidenta Francina Armengol por la Vía Conectora MA-30 para la que no solicita informes supuestamente preceptivos? ¿Puede prosperar una causa civil contra el presidente Francesc Antich por un Plan por la Industria, con compromisos a diez años, pese a tener hasta los presupuestos vigentes prorrogados por estar en minoría en el Parlament? Hasta la fecha pensábamos que no, pero ya veremos si sienta jurisprudencia el juez Castro en su persecución contra Matas. En su defensa el ex presidente alega un elemento clave, que es mayoritariamente ignorado: “la gestión de por vida y sin ubicación” del trabajo de Calatrava corresponde a nuestra Comunidad Autónoma. Así que, aunque al Govern del Pacto no le guste el proyecto, al menos, podría recuperar lo pagado al arquitecto valenciano e incluso tratar de lograr un rendimiento económico a la maqueta ni desembalada por los actuales mandatarios. En los otros casos apuntados difícilmente se podrá recuperar el dinero invertido si algún juez considera ilegal lo previsto. Desde luego, lo diseñado para la Playa de Palma no se puede llevar a ningún lado, igual que la versión socialista del Segundo Cinturón o las promesas hasta el 2021 para impulsar la industria en las Islas. El abogado Rafael Perera podría solicitar en su recurso de apelación a la fianza de Matas que, ya que su defendido tiene que pagar por el proyecto de la ópera que encargó, le intente dejar revenderlo. Se lo podría llevar a Qatar u ofrecérselo a alguno de los jeques a cuyas puertas llama ZP. El rey Salomón seguro que estudiaría esa opción. Y ¿por qué no va a estudiarlo el juez Castro? Desde luego, el caso volvería a abrir informativos y tener repercusión nacional… y hasta internacional.
