La extrema dificultad en financiar la asistencia sanitaria a nivel de todo el SNS ha obligado a poner en marcha una serie de mecanismos con el objetivo de mantener la prestación sin generar déficit. Las posibilidades se limitan a controlar la demanda, limitar la oferta y a mejorar la gestión. En roman paladino, a ingresar más, gastar menos y a ser mas eficientes.
Reforma legislativa. Uno de los objetivos básicos se centra en identificar con precisión los beneficiarios del derecho, el proveedor y el pagador, con el fin de acotar los costes de la asistencia. Los medios utilizados, la aprobación de un texto legal que aporta instrumentos para la sostenibilidad, con un articulado que define las limitaciones, dentro de la universalidad de la legislación básica. El resultado, el desarrollo de una base de datos uniforme, desde el órgano nacional de aseguramiento, con todas las variables comentadas.
En ningún caso, ni el fin, ni el espíritu de la legislación, es dejar sin asistencia a los residentes irregulares; para ello establece que serán prestaciones gratuitas las que afecten a los niños, al embarazo y la asistencia urgente. En el objetivo de la norma, si se encuentra el que los ciudadanos sin derecho y con medios, paguen la asistencia, directamente o a través de las organizaciones que les den cobertura. El decreto ley, en las actuales circunstancias, puede tener un efecto global beneficioso. Su aplicación irreflexiva puede afectar a la salud de las algunas personas.
Una amplia mayoría de profesionales sanitarios, sus organizaciones más representativas, asociaciones científicas, organizaciones sociales, han hecho públicos, desde el primer momento, comunicados en los que afirman, de distintas formas y maneras que no es suficiente. Afirman, que es necesario ampliarlo a la asistencia básica, a las medidas de prevención y a algunas enfermedades crónicas, mentales e infecciosas. Por razones éticas, sociales y técnicas, no entra en el código de conducta del personal sanitario dejar desatendido al necesitado.
Si el fin de la norma es hacer sostenible el sistema, si el objetivo del decreto no pasa por desatender al necesitado, tenemos que desarrollar los mecanismos para hacerlo posible. Es un tema mayor que genera un gran debate social. Pasa por una reflexión de calado y no es casual, que en nuestro entorno, además de representantes sociales y profesionales, dos personas con la experiencia y responsabilidad actual, como son la ex Defensora del Pueblo y nuestro consejero de salud, así lo han afirmado y publicado a través de los medios de comunicación.
La solución pasa por una aplicación responsable
¿Que decisiones podemos tomar para que se cumpla el objetivo, y los medios utilizados para su cumplimiento no generen efectos indeseables?
La respuesta la encontramos en la implantación responsable de las medidas. Por tanto, a fecha de hoy, disponiendo de medios y conocimientos, deberíamos manejar una estimación clara del ahorro previsible que va a generar la nueva legislación, tener cuantificado el coste anual de la asistencia a los necesitados que se quedan sin tarjeta sanitaria, y sobre todo, instrucciones y herramientas para dar respuesta a las necesidades de la parte de población que está en precario, independientemente de su situación administrativa. Algunas comunidades ya lo han hecho
