No se recuerda ningún proyecto de obra pública que afecte a territorio y propietarios que no haya tenido rechazo inicial por parte de políticos en la oposición o de afectados por derecho de paso, expropiación y otras consideraciones más etéreas como el entorno o el medio ambiente . De momento, no. Ahora hay dos proyectos que afectan a una zona interesantísima en todos los sentidos como Establiments. La primera, ese segundo cinturón o segunda vía de cintura que llaman eufemística y absurdamente “vía conectora”, cuando ya me contarán si la esencia y objetivo de cualquier carretera no es conectar algo con algo. Pues ahí están partidos y vecinos en pie de guerra dispuestos a obligar a cambiar trazado y tamaño. De entrada, no. La segunda, un gaseoducto que llegará desde Son Reus a Calvià, y que también tiene encrespados a propietario afectados y algún ecologista, que intentan legalmente cambiar el trazado para que no les afecte una tubería soterrada bajo sus tierras. Parece razonable que todo proyecto de infraestructura no tenga el menor resquicio de sospecha sobre su necesidad y utilidad pública. Tampoco sobre su ubicación y diseño para producir el menor daño posible, pero cuando la decisión política se toma tras un informe técnico sometido a exposición pública, lo razonable es aceptarlo por más que nos duela. Que sí, que el hecho de que un gaseoducto pase por el límite de mi jardín o que una carretera me cruce la finca es un hecho abominable ¿Por qué por aquí y no cien metros más allá? No hay proyecto público que no tenga oposición frontal por política o intereses particulares. Ahí está el reciente ejemplo de son Espases, que todavía colea en rechazos.