La aprobación de la Ordenanza para garantizar y fomentar la convivencia cívica en Palma tuvo lugar en un acalorado pleno municipal, el día en el que se enterraba a la presidenta de la Diputación leonesa. Casi dos años después, el Tribunal Superior de Justicia de Balears la ha anulado, coincidiendo con la celebración del juicio a las presuntas asesinas de Isabel Carrasco.
Es una macabra casualidad, que no enmascara la importancia de regular la convivencia en una ciudad a la que no le basta con aplicar las leyes, porque cada municipio tiene necesidades cuya prioridad y atención es misión consistorial. La sentencia considera que el Ayuntamiento no es competente para regular en materia de orden público, pero resulta pueril creer que la acción de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado puede evitar el deterioro de las relaciones humanas, en un clima enrarecido por la crisis económica y con los valores en declive.
El equipo municipal que preside José Hila ha obtenido una victoria moral al quedar sin efecto un marco que siempre reprobó, especialmente cuando el primer edil secundaba a la exalcadesa Aina Calvo, que tachó la ordenanza de "represora, recaudatoria y antisocial". A sus críticas se sumaron partidos con los que hoy comparten gobierno, algunas entidades ciudadanas y muchos vecinos, que siquiera se habían leído una de las cincuenta y dos páginas que componían la ordenanza.
No faltaron por aquellos días expresiones grandilocuentes, acusando a los redactores de que llegarían las sanciones para las personas más vulnerables antes que los programas de ayuda para los desfavorecidos, aunque la guinda la puso la actual regidora de Ecología, Agricultura y Bienestar Animal cuando calificó la regulación de “viaje al franquismo”, acusando a sus autores de querer una ciudad para que la gente rica y los turistas se paseen. Hoy, se han redactado 18.000 expedientes, de dudoso recorrido, pero que prueban que hay un vacío que la Ordenanza cubrió y que necesita ser atendido.
Puedo compartir que los problemas sociales no se resuelven con soluciones policiales, pero mientras existan y la sociedad no sea más responsable, no podemos dejar al libre albedrío de la gente cuáles son los límites de la libertad individual. De hecho, poco han tardado los críticos de entonces a desempolvar la Ley del botellón, que aprobaron a final de su mandato anterior, al igual que otras normas que regulaban la tenencia de animales domésticos y sus excrementos, la limpieza de las vías urbanas o la publicidad dinámica, que fueron derogadas por la maldita Ordenanza. Tampoco han dudado en recurrir a la amenaza de un régimen sancionador severo, cuando el respeto a su nuevo modelo de recogida de enseres no ha dado el resultado esperado.
Suma y sigue, porque los comerciantes, pero también muchos transeúntes, están preocupados por los desmanes en las zonas turísticas, el descontrol de las actividades “artísticas” callejeras o la proliferación de vendedores ilegales, tan víctimas de redes mafiosas como muchas prostitutas, pero que afectan al tejido productivo en competencia desleal. Pero, sobre todo, alteran más al modelo de ciudad en la que queremos vivir que unas terrazas en el Borne, aunque a nadie se le ha ocurrido formular a los palmesanos un referéndum para saber lo que realmente molesta y lo que no nos importa aguantar sin alterar la convivencia.
El urbanismo a la carta debe quedar proscrito, pero no basta con escribir una carta de intenciones para recuperar la urbanidad, sin la cual es inhabitable una ciudad. Siquiera la libertad de expresión, utilizada como un paraguas cuando conviene, nos librará de titiriteros que no distinguen entre públicos ni saben respetar la pluralidad pública. Fiar el buen uso del espacio común a la bondad y el respeto mutuo es equivalente al sueño de vivir en el país de Peter Pan y puede dejar la calle en poder de sus okupas.