A pesar de la indisimulada satisfacción con que destacados miembros de los Poderes del Estado acogieron el auto de la Sección 2ª de la Audiencia Provincial hecho público el martes pasado, como por ejemplo el fiscal general Torres-Dulce o el ministro de Asuntos Exteriores García-Margallo, o la propia Casa Real, lo cierto es que en las últimas horas la situación procesal de la hija menor del Rey don Juan Carlos parece bastante menos cómoda y satisfactoria de lo que en un principio algunos interpretaron.
Y es que el hecho de que los magistrados Diego Gómez-Reino y Mónica de la Serna decidieran, con el voto discrepante de su compañero Juan Jiménez, estimar parcialmente el recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía, y consideraran insuficientes las pruebas o indicios “de que la Infanta conociera, se concertase, ni participase activa u omisivamente en el presunto plan criminal urdido por su marido y por su socio Diego Torres, tendente a cometer un fraude a la administración con ocasión de los contratos de colaboración”, ha eclipsado el hecho de que los jueces consideran que hay “zonas oscuras” en el informe de la Agencia Tributaria de fecha 14 de enero de 2013 y que estiman “estimamos que no se puede descartar en este momento la comisión del delito contra la Hacienda pública, y tal vez, posiblemente, de un delito de blanqueo de capitales, y que en tales ilícitos hubiera podido participar la Infanta recurrente.”
El juez instructor José Castro ya dijo a los periodistas que continuaba opinando lo mismo que cuando citó a declarar a la Infanta Cristina de Borbón y esto hace pensar que Castro no se amilanará y que va a continuar con sus investigaciones en la vía que la Audiencia Provincial deja abierta: la del delito fiscal. Sin embargo, la Fiscalía Anticorrupción saca pecho y también se ha publicado que no piensa acusar a la esposa de Iñaki Urdangarin, socia al 50% de Aizoon, de delito fiscal haciendo caso omiso de las evidencias que ha puesto sobre la mesa la Audiencia Provincial y que hacen referencia a que “Aizoon es una sociedad pantalla que ha sido constituida con finalidad defraudatoria”, según se desprende del citado informe de la Agencia Tributaria.
Es gravemente alarmante esta contumacia de la Fiscalía en proteger a la Infanta Cristina, lo que sumado a la presentación del recurso por la citación en calidad de imputada deja en evidencia, por más que lo niegue el fiscal del caso aprovechando el informe de conclusiones finales del Caso Scala, una actuación nada usual y extraordinaria se mire por donde se mire. No en vano, el magistrado discrepante Juan Jiménez en su voto particular acusa al fiscal de perturbar al juez Castro “en el núcleo duro de su función, en la adopción de resoluciones encaminadas a obtener declaraciones de testigos e imputados”, de hacer que este pierda “el control de la investigación” y por tanto que “esta se dificulta en extremo”. Llega a hablar de la actuación de la Fiscalía Anticorrupción como dirigida a “neutralizar la acción investigadora”. Llega el magistrado Jiménez retóricamente a interesarse por “conocer el número de recursos contra citaciones para prestar declaración en calidad de imputado que ha formulado en los últimos años el Ministerio Público”. La respuesta es conocida: ninguno.
Sus dos compañeros se habían mostrado hasta ahora muy duros contra la corrupción, pero ahora se han reconvertido en perfectos garantistas de los derechos de la Infanta hasta el punto de afirmar en su auto estimatorio del recuro que “de lo que no cabe duda es que la Infanta ha sido y está siendo investigada y de algún modo ha de ponerse término a dicha investigación en aras de evitar mayores especulaciones”. Nos parece de todo punto apropiado y justo que los jueces se muestren escrupulosos con los derechos de los justiciables, pero cabe preguntarse ¿cuándo antes le ha importado a la Fiscalía o a los jueces de la Audiencia Provincial no prolongar una imputación para proteger los derechos de la “persona investigada” e incluso evitar su declaración ante el juez instructor? Nunca jamás. De ahí que afirmemos que el trato de favor que se otorga a la hija del Rey es injusto como tal trato de favor, pero muy justo porque es lo que cabe esperar si no hay indicios incriminatorios. Lo inexplicable es que esta exquisitez en el trato, incluso en la celeridad en resolver el recurso con la sobrecarga de trabajo que tienen las dos secciones penales de la Audiencia Provincial, no se haya tenido con el resto de imputados que se cuentan por decenas. Por eso hablamos de diferencia de trato, que es palmaria e innegable. Y a la postre puede resultar mucho peor para la imagen de la Justicia y de la Casa Real que la Infanta Cristina acudiese a declarar ante el juez, como todo hijo de vecino al que el juez le imputa un delito.
