Los días 5, 6, 7, 17, 18, 19, 20 y 21 de junio y del 1 al 5 de julio del próximo año 2013, se habrán colmado los deseos de Josep Lluís Núñez. La Audiencia Provincial de Palma enjuiciará a la cúpula política del Consell de Mallorca por la venta a través de concurso del solar de Can Domenge de Palma.
Independientemente del resultado del juicio, el ex presidente del FC Barcelona habrá conseguido sentar en el banquillo a Maria Antònia Munar, Miquel Nadal, Bartomeu Vicens i Miquel Àngel Flaquer, a quienes él responsabiliza directamente de la protección del edificio de Gesa, en la fachada marítima, que le impidió ejecutar uno de los pelotazos más rentables de la historia de Baleares.
Núñez había aterrizado en Palma para invertir 73,6 millones de euros en la compra de los solares de la fachada marítima y levantar tres bloques de pisos de lujo de hasta siete alturas junto a lo que sería el flamante nuevo Palacio de Congresos y su hotel anexo en primera línea de mar. Eran los años de oro, cuando Jaume Matas ocupaba el Consolat de Mar y Catalina Cirer era la dueña de Cort, aunque quien cortaba el bacalao en materia urbanística era la gran promesa del PP, Javier Rodrigo de Santos.
Cuando se iniciaron los trámites técnicos para la protección del edificio de Gesa, el propio Jaume Matas advirtió a la entonces presidenta del Consell de Mallorca, Maria Antònia Munar, que Núñez era un enemigo peligroso. Sin embargo, la decisión de iniciar la catalogación del viejo edificio levantado por el arquitecto José Ferragut entre 1967 y 1977 se inició a instancias del Colegio Oficial de Arquitectos de Baleares (COAIB) y fue un proceso absolutamente técnico sin el menor atisbo de irregularidad como demuestra el hecho que el actual Consell de Mallorca que preside la popular María Salom haya recurrido la sentencia de febrero de este año del juez de 1ª instancia nº 1 de Palma, Francisco Úbeda Tarajano, que caprichosa y arbitrariamente retira la catalogación. El Consell, a pesar del cambio de color político de su cúpula, sigue considerando que la catalogación fue correcta y basada en criterios técnicos impecables.
Cuando el 22 de febrero de 2007 José Luis Núñez presentó una querella criminal contra todos los intervinientes en el concurso de Can Domenge, incluidos los consellers electos del Partido Popular, bajo la acusación de amañar el concurso a favor de Sacresa, la empresa que había obtenido mayor puntuación del jurado técnico con un espectacular proyecto del famoso arquitecto Jean Nouvel, habían transcurrido más de siete meses de la adjudicación. Sin embargo, sólo habían transcurrido 5 días desde que la Comisión insular de Urbanismo aprobara la catalogación del edificio Gesa que impedía derribarlo y hacía imposible la ejecución del proyecto tal y como había sido planificado por Núñez.
Núñez ofreció por el solar de Can Domenge 60 millones de euros, sabiendo que jamás tendría que pagarlos, con la intención de reventar el concurso y así poder acusar al Consell de causar un perjuicio a la institución insular que en las bases del concurso había establecido que el precio máximo sería de 30 millones y que cualquier oferta superior no puntuaría más. A Núñez no le importó, porque lograr la adjudicación de Can Domenge jamás le interesó lo más mínimo y en lugar de dedicar más dinero a presentar un proyecto competitivo (el suyo quedó el cuarto por el final), hizo una oferta de exactamente el doble de la valoración del solar.
Núñez acusa a los ex dirigentes del Consell de Mallorca de los presuntos delitos de fraude a la administración (por los que solicitan tres años de cárcel), revelación de secretos (otros tres años), prevaricación y también malversación de caudales públicos aunque el ministerio fiscal no les atribuye este último delito, y pide un total de 10 años de prisión para los principales acusados.
También se sentarán en el banquillo Santiago Fiol, abogado de Sacresa y el principal accionista de Sacresa, Román Sanahuja.
Por decisión de la anterior presidenta del Consell de Mallorca, la socialista Francina Armengol, la institución insular ejerce la acusación popular a través del bufete de Miquel Coca y no a través de los servicios jurídicos de la propia institución como sería lo lógico. Esta decisión de encargar a servicios externos la dirección letrada de la acusación se tuvo que tomar ante la negativa de los servicios jurídicos del Consell a acusar a dirigentes y funcionarios pues no encontraron en todo el expediente administrativo del concurso nada ilegal. Francina Armengol declaró que su intención “no es pedir años de prisión a cada una de las personas implicadas en la Operación Can Domenge, sino que este solar retorne a los mallorquines”. Sin embargo, cuando pudo participar en la subasta del solar en el proceso del concurso de acreedores de Sacresa el Consell ni siquiera se presentó y aún antes, cuando pudo recuperar el solar devolviendo los 30 millones de euros recibidos, tampoco lo hizo.
José Luis Núñez, fue condenado en julio de 2011 por la Audiencia Provincial de Barcelona a una pena de 6 años de prisión junto a su hijo como autores del delito continuado de cohecho activo y como inductores de falsedad en documento oficial cometido por funcionario público. Según la sentencia que no es firme y está pendiente de pronunciamiento del Tribunal Supremo, los Núñez vendieron a precio muy por debajo de su valor de mercado viviendas a inspectores de la Agencia Tributaria de Barcelona a cambio de eludir el coste fiscal de los beneficios que obtenía su grupo constructor. Lograron defraudar así más de 13 millones de euros. El ex jefe de Hacienda en Catalunya, José María Huguet, fue condenado a 13 años de cárcel y tres ex inspectores, Álvaro Pernás, Roger Bergua y Manuel Abella, lo fueron a 12, 9 y 11 años respectivamente.
