El Govern ha puesto en marcha la iniciativa de legalizar más de 70 urbanizaciones de Mallorca, hoy ilegales. La cuestión es un indicador del caos en el que nos movemos en materia de suelo en esta isla. Estas urbanizaciones no son nuevas; llevan años en las mesas de los diferentes gobiernos, sin que nadie se atreva a actuar de una vez por todas. La pregunta trascendental es ¿qué se debe hacer ante algo así?
Es a todas luces obvio que lo primero, lo más urgente, es que no se sigan produciendo nuevas urbanizaciones ilegales de este tipo. Lo cual, al parecer, ya no ocurre al menos de forma tan masiva como en los sesenta y los setenta.
En segundo lugar, hay que afrontar el problema y eso exige pasar por una de estas dos únicas opciones: primera, legalizar todo, hacer borrón y reconducir la situación o, segundo, derribar todo y devolver este suelo a su estado natural; quien ha cometido una ilegalidad, tiene que pagarlo.
¿Qué hemos estado haciendo estas décadas? Exceptuado el alcalde Ramón Aguiló, la norma ha sido esconder la cabeza y dejar que el tema se arrastrara en este limbo jurídico. Esa, por supuesto, era la peor salida a este enorme problema, porque no es una salida.
Hoy, por lo visto, la conselleria de Medio Ambiente ha decidido poner orden, aunque sea reconociendo lo que ya está hecho y lo que hasta el momento habíamos querido ignorar.
A mi entender, esta no es la decisión ideal. Lo jurídicamente correcto habría sido tirar de 'bulldozer', pero estamos ante políticos que se tienen que presentar a las elecciones y que nunca tomarán una decisión así, por lo tanto, legalizar es lo más realista y pragmático. Y, la verdad, más allá de bravatas, fuera del círculo de los políticos, en una sociedad como la nuestra, tampoco creo que haya muchos que se atrevieran a cortar por lo sano.
