A menos de 30 días de las elecciones generales, el Govern de las Illes Balears sigue en la senda de la autocomplacencia y de la visión cortoplacista en su (in)acción en las tareas de gobierno.
La perspectiva del primer año de gobierno en Baleares nos permite analizar los resultados tangibles cosechados por el auto-bautizado como “Govern dels acords pel canvi”.
Los resultados electorales y la voluntad de las tres izquierdas de Baleares (la nacionalista/pancatalanista, la populista/comunista y la irrelevante/desnortada) cuya única argamasa en su unión ha sido impedir que gobierne el centro derecha, conformaron un gobierno cuyo axioma principal ha sido y es, ir contra todo aquello que huele a liberalismo, contra todo aquello que rezuma sector privado, en definitiva, la ingeniera política y social que se pretende es que el sector público acabe por arrinconar al sector privado, o como mínimo a una gran parte del mismo, fruto de una visión intervencionista y dirigista de la sociedad.
Las actuaciones emprendidas no han sido fruto de la improvisación sino que han sido predeterminadas en aras a la construcción y puesta a disposición de un discurso de quiebra social por culpa de políticas liberalizadoras, lo cual es absolutamente falso y comprobable con los datos, eso sí, los no manipulados/tergiversados intencionadamente.
Sin edulcorar la realidad y sin ambages, este Govern está articulando una estrategia basada en poner las instituciones al servicio de su ideología, para ir en contra del resto de la sociedad, con el objetivo de instrumentalizar al sector público y colocarlo frente al sector privado, y, así, se ha aprobado el incremento de todos los impuestos y la creación de nuevos, la derogación de la legislación aperturista en torno al sector hotelero, la aprobación de una moratoria comercial para la implantación de centros comerciales, el constante y permanente “ataque institucional” a la principal actividad económica de Baleares (el turismo), la derogación de la legislación relativa al techo de gasto público con el consiguiente incremento de la deuda pública autonómica, los retrasos en los pagos a los proveedores de servicios contratados por el propio Govern autonómico, el notable incremento de contratación de personal al servicio de las instituciones públicas, y un largo etcétera, que han derivado en la mayor cifra de déficit público de la historia de Baleares, colocando la deuda en más de 9.000 millones de euros, y en los datos de mayor presión fiscal que haya recaído jamás sobre las espaldas de los ciudadanos y empresas de Baleares.
Este III Pacte de Progres en el Consolat de la mar ha apostado por la aplicación de políticas muy ideologizadas y populistas, dirigidas a sectores muy minoritarios y concretos, para contentar al ala independentista y catalanista (Més), al ala populista/comunista (Podemos) y al ala posibilista/desnortado (Psoe) y, para todo aquello realmente importante, lo relativo a la política económica y de hacienda, se han decantado por un férreo intervencionismo público, por arrasar las medias aperturistas emprendidas anteriormente y por rescatar el “Madrid me mata” a los efectos de la búsqueda de un enemigo exterior para arremeter de forma recurrente contra él a los efectos de trasladar a la opinión pública que la política que se ha emprendido es por culpa de alguien (Madrid y el PP).
Es un error estratégico no aprovechar este momento de bonanza para introducir medidas de corte reformista y liberalizador, arrinconando las políticas públicas asistencialistas de corte coyuntural que no solucionan los problemas estructurales y que, olvidándose del futuro, únicamente buscan el rédito social cortoplacista pero que, contrariamente y, a medio largo plazo, perjudican a quien dicen defender.
En definitiva, la situación económica actual, con un crecimiento de PIB notable fruto de la inercia de decisiones anteriores, se convertirá en pasajera si no se adoptan medidas que permitan su continuidad en el tiempo, y si no, acuérdense de los años 2008-2009-2010.
