En una entrevista concedida a mallorcadiario.com, Sánchez ha fundamentado su vaticinio en el hecho de que "habrá bastantes ciudadanos que, en principio, no están obligados a cumplimentar la declaración, y que, de hecho, no lo hicieron en convocatorias pasadas, y que, en cambio, esta vez la presentarán ante la posibilidad de que, con estas nuevas medidas fiscales impulsadas desde la Administración autonómica, el trámite les pueda salir a devolver".
En este sentido, la representante del Govern intuye que la cifra de 555.000 declaraciones tramitadas en 2022 "se verá seguramente ampliada", de tal manera que las reducciones impositivas podrían beneficiar, siguiendo las explicaciones de Sánchez, "a más del 80 por ciento de la población balear", que responderían al perfil de ciudadanos de "rentas medias y bajas", algunos de ellos pertenecientes a los sectores "más vulnerables" de la sociedad.
Las deducciones en el tramo autonómico de la campaña de la renta a las que se podrán acoger los contribuyentes de las islas fueron anunciadas el pasado martes por el Ejecutivo balear, tras la reunión del Consell de Govern, por parte de la propia consellera de Hisenda i Relacions Exteriors, coincidiendo, precisamente, con la apertura del plazo para la confirmación o modificación de las declaraciones, que finalizará el 30 de junio. En este primer periodo, los usuarios tienen acceso a la cumplimentación automática de sus cuentas impositivas, ya sea personalmente o a través de la oficina de un gestor.
A este respecto, a Rosario Sánchez le preocupa especialmente que los ciudadanos "tengan en cuenta, a la hora de efectuar la tramitación, que en el borrador de la Agencia Tributaria no se aplican directamente estas deducciones contempladas en el tramo autonómico, sino que ha de ser el propio contribuyente quien acceda al documento desde el ordenador y se introduzca en la pestaña correspondiente para, por una parte, disponer de la información y, por otro lado, señalar o marcar con un punto o una cruz los supuestos que le afectan".
El procedimiento es sencillo. El texto al que hace referencia la consellera contiene un total de 19 puntos relacionados con las 19 deducciones a las que ha dado luz verde el Govern. De esta manera, si la situación expresada en un supuesto determinado coincide con la situación del usuario, este debe confirmarlo desde el dispositivo informático para trasladar esta información a Hacienda. Por el contrario, como advierte Sánchez, "si no lo hace así y se limita a reenviar el borrador sin consultarlo ni modificarlo, las bonificaciones a las que pudiera tener derecho no le serán aplicadas, ya que no constarán en el sistema".
La titular de Hisenda ha recordado, en su entrevista con este medio digital, que esta no es la primera actuación desarrollada por el Ejecutivo a lo largo de esta legislatura con el objetivo, según sus palabras, de "ayudar a las personas más perjudicadas por un escenario ciertamente complejo que arrancó, en 2020, con la irrupción de la pandemia, continuó luego con la guerra en Ucrania y ha acabado derivando en el encarecimiento del coste de la vida, y también de los productos básicos, a partir del proceso de inflación".
En este sentido, Sánchez ha reinvidicado la necesidad de que las administraciones hagan uso de una política fiscal que "esté al lado del que más lo necesita en aspectos tan esenciales como la sanidad y la educación. Ese es, al menos, nuestro modelo, el de una impositividad fiscal de carácter progresivo que facilita a las instituciones disponer de medios para proteger a los sectores más desfavorecidos y más castigados por las crisis que, sucesivamente, han ido apareciendo. Luego hay otro modelo, el de la derecha, no exento de demagogia, que plantea rebajar impuestos sin más".
Sin embargo, en su opinión, "aquello que los defensores de esta opción no dicen es que, con esta fórmula, se originan administraciones menos autosuficientes para afrontar sus competencias y, por tanto, con menor capacidad para distribuir la riqueza y repercutirla a las personas trabajadoras y más necesitadas. Por supuesto, son dos modelos diferentes y han de ser los ciudadanos, tal como marcan los cánones de la democracia, los que se decanten por el sistema que consideren mejor o más apropiado".
Ahora bien, ¿cuáles son las medidas que el Govern ha impulsado en este nuevo ciclo de adecuación de la presión impositiva al escenario coyuntural de los contribuyentes?
En primer lugar, se han ampliado los límites de ingresos para poder acogerse a las deducciones autonómicas del IRPF con la finalidad de acrecentar el número de beneficiarios. De esta manera, el umbral máximo por familia, en caso de que se trate de una declaración conjunta, ha quedado establecido en 52.800 euros, por encima de la horquilla anterior que oscilaba entre los 25.000 y los 48.000 euros. En cuanto a la declaración individual, la cuantía límite de ingresos se ha fijado en 33.000 euros en todas las deducciones; antes, el umbral estaba entre los 12.500 y los 30.000 euros.
Al mismo tiempo, el Govern ha aumentado en un 10 por ciento el gasto máximo aplicable en las deducciones, mientras que, en esta próxima declaración de la renta, correspondiente a los rendimientos obtenidos en 2022, ya se aplica una nueva deducción específicamente destinada a las hipotecas variables.
Esta bonificación persigue el objetivo de aliviar la situación económica de ciudadanos que se han visto perjudicados por la dinámica ascendente de los intereses y no tienen la posibilidad de aplicar la deducción estatal. El importe máximo de la medida autonómica es de 250 euros.
Paralelamente, para la consellera de Hisenda i Relacions Exteriors, Rosario Sánchez, vale la pena destacar que "no solo se han introducido nuevas ayudas y bonificaciones, sino que, además, se mantienen el resto de deducciones que ya estaban vigentes, que en algunos supuestos se han aumentado, y que forman parte del denominado 'escudo social', una estrategia en la que Baleares ha destacado por encima de otras comunidades".
La representante del Ejecutivo hace referencia, concretamente, a gastos relacionados con la conciliación, el alquiler, la enseñanza, las donaciones destinadas a la promoción del tercer sector y las inversiones en ámbitos como la sostenibilidad, la investigación, la cultura y el deporte.
Un punto claramente neurálgico de esta acción impositiva es la vivienda, cuyo acceso resulta cada vez más complicado a causa de su elevado coste. En este sentido, las disposiciones del Govern abarcan las siguientes deducciones: 440 euros por el alquiler de la residencia habitual para los menores de 36 años, las personas con discapacidad y las familias numerosas; del 50 por ciento en las inversiones en materia de mejora de la sostenibilidad de la vivienda (también la habitual), hasta una base máxima de inversión de 10.000 euros; una cantidad máxima de 440 euros por el desemboloso que se deba efectuar para la suscripción de seguros que protejan ante el impago de los arrendamientos, y esta misma cantidad (440) si hablamos del alquiler de una vivienda por traslado temporal de residencia.
En otro orden de cosas, cabe subrayar la habilitación de una deducción de hasta 660 euros por motivos de conciliación; del 40 por ciento por gastos dedicados a la matriculación en escoletas y centros de educación infantil, así como a abonar el recibo del servicio de comedor y las actividades extraescolares. Estas ayudas se hallan a disposición de personas o familias con hijos menores de seis años a su cargo.
Además, sin abandonar el terreno de la enseñanza, es posible acceder a una deducción por compra de libros de texto de hasta 220 euros por hijo, y de 110 euros por aprendizaje de idiomas extranjeros. Otra deducción importante tiene que ver con el seguimiento de estudios de educación superior fuera de la isla de residencia habitual. En este caso, el límite asciende a 1.650 euros.
Un aspecto que el Govern ha pretendido potenciar a lo largo de estos últimos ejercicios son las donaciones. El propósito, en palabras de la consellera, es "apoyar todas aquellas actuaciones orientadas a impulsar acciones solidarias para colectivos que precisan del compromiso del resto de la sociedad y, por supuesto, con las poblaciones que atraviesan situaciones de guerra, tal como ocurre en Ucrania". Precisamente, por donaciones a entidades sin ánimo de lucro que permiten paliar los efectos del conflicto bélico en este país, el Govern aplica una deducción de hasta 150 euros.
Esta misma cantidad económica es la que resulta vigente para las personas y familias que deciden acoger a ciudadanos que han tenido que abandonar sus casas a causa de la guerra declarada a raíz de la invasión rusa. Por cada adulto o menor desplazado desde Ucrania, estos contribuyentes tienen a su alcance una deducción de 150 euros hasta un tope de 600 euros.
En esta misma línea de promoción de la cooperación, los donantes que destinen recursos a entidades del denominado tercer sector se beneficiarán de una deducción del 25 por ciento sobre una base límite de 165 euros.
Finalmente, la Administración autonómica ha habilitado una deducción de 6.600 euros para inversiones en la adquisición de empresas de nueva creación; otra de 13.200 para inversiones dirigidas a sociedades con participación de centros de investigación o universidades; del 25 por ciento en el caso de donaciones a entidades del sector I+D+I, y de hasta 660 euros por donaciones relativas a actuaciones mecenazgo de carácter deportivo, cultural o científico.
Suscríbase aquí gratis a nuestro boletín diario. Síganos en Twitter, Facebook, Instagram y TikTok. Toda la actualidad de Mallorca en mallorcadiario.com.