Ya es oficial. El Tribunal del juicio del Caso Cursach ha absuelto este martes a la inmensa mayoría de acusados del 'caso Cursach', entre ellos, el empresario Bartolomé Cursach. Lo hace después de la caída de todas las partes que acusaban: Fiscalía y acusaciones particulares.
"Hacemos un pronunciamiento oral absolutorio de la mayor parte de las personas acusadas, ya que no existe parte que mantenga el ejercicio de la acción penal", ha afirmado la presidenta del Tribunal, Samantha Romero.
Así pues, sólo prosigue el juicio para los policías locales Josep Mayans y Joan Mayol, ya que el bar Sa Trobada, en Metge Darder sí mantiene la acusación por un delito de coacciones.
La presidenta del Tribunal, Samantha Romero, ha dado la posibilidad a los exencausados de abandonar la sala pero Cursach ha continuado en ella para escuhar las peticiones de las defensa.
ANTICORRUPCIÓN, A POR PENALVA Y SUBIRÁN
Por su parte, la Fiscalía Anticorrupción ha solicitado abrir una nueva línea de investigación en torno al juez Manuel Penalva, Miguel Ángel Subirán y la inspectora del Grupo de Blanqueo de la Policía Nacional por prevaricación, detención ilegal y coacciones a testigos.
"Es especialmente sangrante el caso de la inspectora de Policía", ha subrayado el fiscal Tomás Herranz, en alusión a la integrante del Grupo de Blanqueo que en su intervención hizo gala de una amnesia apabullante. "No es tolerable de que llegue aqui y no se acuerde de nada".
"Señorías, esto no puede quedar así", ha avanzado el abogado de Cursach, Enrique Molina. En este sentido, ha solicitado -al igual que la defensa de Bartolomé Sbert- que las costas se impongan a las tres acusaciones particulares. "Nos hemos visto sometidos a un proceso que ha durado cinco años y cinco o seis meses de vista oral de forma injusta", ha reiterado.
Por su parte, el resto de abogados defensores de policías locales, han pedido que se investiguen a distintos testigos por presunto falso testimonio.
EFECTO DOMINÓ
La decisión de las magistradas se ha comunicado después de la retirada de las últimas acusaciones particulares, la del empresario de Magaluf José Manuel Bover y el de Level, Ángel Ávila, al haber constatado que no hay "prueba de cargo". Cinco años de instrucción que se han desmoronado en un juicio en el que han quedado patentes las artes de Penalva y Subirán.
Antes ya lo había hecho el Ministerio Fiscal e incluso la Abogacía de la Comunidad, que se apartó el primer día del juicio para ahorrarse el esperpento de la testifical.
El fiscal Tomás Herranz lo avanzó el viernes 18 de noviembre al comprobar que "no hay prueba de cargo para sostener ninguna de los hechos de acusación contra los acusados". Fue el principio del fin.
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