Los tribunales ya han rebajado, al menos, 11 condenas de abusos sexuales por la aplicación de la 'ley del solo sí es sí', impulsada por el Ministerio de Igualdad, y han excarcelado a cinco personas. La previsión futura es que los magistrados tengan que revisar decenas de sentencias más, toda vez que la reforma del Código Penal indica que se tendrá en consideración el efecto retroactiva de aquelles leyes penales que resulten más favorables al reo.
Entre los casos de revisión de sentencia y rebaja de pena, fuentes jurídicas consultadas por Europa Press han confirmado dos en Baleares, además de cuatro en Madrid, dos en Galicia, una en Andalucía, una en Murcia y una en Segovia. Cinco de estos 11 casos han conllevado la excarcelación de los condenados, entre ellos los dos de Baleares. A estos se les suman los dos casos de Madrid y el caso de Galicia.
Los magistrados han explicado en sus resoluciones que las rebajas responden a la aplicación de la Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual. A este respecto, los tribunales han recordado que, aunque la 'ley del solo sí es sí' no aclara si debe ser o no aplicada a procedimientos en trámite o con sentencia firme, el propio Código Penal indica que "tendrán efecto retroactivo aquellas leyes penales que favorezcan al reo".
En los tribunales de Madrid se han revisado cuatro sentencias, a cuyas resoluciones ha tenido acceso Europa Press, en las que finalmente han rebajado la pena de prisión a los condenados. En uno de los casos, se redujo en hasta cinco años la pena impuesta antes de la Ley. En los otros tres, se rebajaron en dos años las penas a los condenados. En dos casos se procedió a la excarcelación.
Fuentes jurídicas han precisado que la Audiencia Provincial de Madrid se enfrenta a decenas de revisiones de condena. Por ello, los presidentes de las quince secciones penales han acordado reunirse el próximo 25 de noviembre para "unificar criterios".
No obstante, las fuentes consultadas han subrayado que el cónclave ya estaba fijado con anterioridad a la polémica suscitada, porque es el procedimiento habitual cuando hay un cambio legal sustantivo.
A raíz de la Ley impulsada por el Ministerio de Igualdad, que dirige Irene Montero, la Audiencia Provincial de Baleares ha ordenado la excarcelación inmediata de dos presos que cumplían una pena de tres años de prisión por dos agresiones sexuales sin penetración, tras revisar los dos casos.
En la Región de Murcia, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) ha confirmado una resolución de la Audiencia Provincial que condenaba a un acusado por una tentativa de agresión sexual a una mujer, en julio de 2020. Sin embargo, el Tribunal murciano ha modificado la pena impuesta, al considerar que resulta "más favorable" para el reo aplicar la 'ley del solo sí es sí'. Así las cosas, ha rebajado la pena de cuatro años y seis meses a tres años y un día de prisión.
En Galicia, la Audiencia Provincial de Ourense ha revisado una condena de tres años y seis meses de cárcel impuesta al autor de un delito intentado de agresión sexual con acceso carnal. Tras la revisión, ha rebajado la pena a dos años y medio de prisión y ha acordado la puesta en libertad del reo.
Asimismo, el Tribunal Superior de Justicia de Galicia ha rebajado en dos años la pena de prisión impuesta por la Audiencia Provincial de A Coruña a un hombre que violó en Cambre a una mujer a la que conoció a través de la red social Tinder.
Al mismo tiempo, en la Audiencia Provincial de Segovia se han revisado cuatro sentencias ejecutorias sobre delitos sexuales y se ha modificado una de ellas.
De igual forma, consta que el TSJ de Andalucía ha desestimado un recurso de apelación, y aunque ha confirmado la sentencia de la Audiencia Provincial de Granada, "por aplicación retroactiva de la norma vigente" ha rebajado la pena de prisión impuesta, que ha pasado de 13 años, seis meses y un día a 11 años y un día.
Cabe recordar que las revisiones efectuadas por los jueces y tribunales son susceptibles de recurso y que podrían llegar hasta el Tribunal Supremo (TS), la sede judicial llamada a fijar jurisprudencia.
Es el caso del auto dictado el pasado 7 de noviembre por la sección 17ª de la Audiencia Provincial de Madrid, donde el Supremo confirmó la sentencia que condenó a un hombre que abusó de una menor de 16 años. Finalmente, ha pasado de ocho a seis años de cárcel, aunque los magistrados subrayan que es susceptible de recurso de casación ante la Sala de lo Penal del TS.
Fuentes jurídicas han precisado a Europa Press que el Supremo tendría que estudiar la aplicación de la Ley caso por caso, porque la posibilidad de llegar a acuerdos no jurisdiccionales desapareció de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), de modo que la Sala de lo Penal del TS no podría celebrar el cónclave anunciado por la Audiencia de Madrid para el día 25.
Según han explicado las citadas fuentes, las revisiones que se hagan de condenas firmes previas a 2015 podrán recurrise directamente al Supremo, pero las que se refieran a casos posteriores solo podrán llegar al Alto Tribunal cuando se haya agotado la vía de apelación en instancias inferiores.
Paralelamente, existen casos en los que algunos tribunales han revisado sentencias y no han aplicado aún modificaciones. Así, en la Audiencia Provincial de La Rioja se han revisado ya 54 sentencias tras la entrada vigor de la 'ley del solo sí es sí', pero hasta el momento ninguna ha sido modificada. En la Audiencia Provincial Cantabria se han recibido dos peticiones de revisión, pero no están resueltas todavía.
En otras comunidades, como Valencia, Extremadura o Galicia, por ahora no consta ninguna revisión, de acuerdo con las fuentes consultadas.
Al margen de las revisiones de sentencias, tras la entrada en vigor de la nueva Ley los tribunales también han empezado a dictar sentencias relativas a casos de abusos sexuales. Hasta el momento han trascendido cuatro casos.
Concretamente, esta semana el TSJ de Galicia ha aplicado en un caso las nuevas penas recogidas en la 'ley del solo sí es sí'. En la Audiencia Provincial de León se han celebrado dos juicios que han acabado con sentencias en las que se ha aplicado la Ley de garantía integral de la libertad sexual.
Por su parte, en la Audiencia Provincial de Barcelona han dictado una sentencia por un delito consumado de violación. Los magistrados han avisado de que han impuesto una pena de tres años y 10 meses de prisión que podría haber llegado a los seis años de no ser por la ley impulsada por el departamento que dirige la ministra Irene Montero.
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