Determinadas administraciones municipales tienen la sensación de que el Govern, a través de la Conselleria de Medi Ambient i Territori, está entorpeciendo, expresamente, la apertura de chiringuitos. De hecho, el titular del departamento, el conseller Miquel Mir, ha defendido en diversas ocasiones la necesidad de promover un esponjamiento efectivo del territorio de litoral para garantizar una mayor sostenibilidad en materia de medio ambiente y frenar la masificación turística que pudiera detectarse en determinadas zonas de la isla.
Sin embargo, los ayuntamientos siguen considerando que la explotación de los chiringuitos, lejos de constituir una amenaza para el entorno, representa una sustanciosa vía de ingresos y una fuente de provisión de puestos de trabajo. Precisamente por este motivo, algunos Consistorios, presionados por el tejido social y productivo del municipio, no se han quedado de brazos cruzados en cuanto Costas les ha comunicado el cierre, total o parcial, de su oferta de chiringuitos de playa.
De esta manera, el Ayuntamiento de Muro ha decidido plantar cara, incluso por vía judicial, si fuera necesario, a Demarcación de Costas por la negativa de este organismo estatal a conceder autorización para la instalación de mesas y sillas en los chiringuitos de playa ubicados en la zona de ses Casetes des Capellans.
En este sentido, el alcalde de Muro, Miquel Porquer, ha expresado la predisposición de la Corporación local a “luchar hasta el final" contra la postura de Costas, que ha basado su decisión en la circunstancia de que estos chiringuitos coinciden con una zona dunar que necesita especial protección.
Sin embargo, la Administración municipal, según ha destacado el primer edil, batallará “para defender todo lo que se tenga que defender" y ha vaticinado que este proceso será “largo” y "terminará en los tribunales, seguro". Porquer ha puesto en valor que algunos establecimientos llevan más de 50 años abiertos en esta zona y, estos dos últimos años, habían obtenido la correspondiente autorización
Hasta este momento, el Ayuntamiento de Muro ha presentado alegaciones al deslinde de Costas y, en un futuro próximo, tramitará un recurso contencioso administrativo en contra de la denegación de la presencia de mesas y sillas en las terrazas de los chiringuitos.
También beligerante se ha mostrado en torno a esta cuestión la alcaldesa de Campos, Francisca Porquer, en contra de los dictámenes de Costas y la posición de la Conselleria de Medi Ambient respecto a la habilitación de chiringuitos en las playas de las islas.
En este municipio de la comarca de es Migjorn, de los seis chiringuitos autorizados hasta ahora en el Parc Natural es Trenc-Salobrar solo tres han obtenido el permiso inicial. El resto (los de las playas de es Morters, es Marquès y es Trenc) han sido objeto de una resolución denegatoria. Además, de las tres instalaciones autorizadas, dos de ellas únicamente podrán proseguir con su actividad si modifican su actual ubicación.
Porquer relata aun más limitaciones. Una de las más significativas es que el periodo de vigencia de los permisos para los chiringuitos que podrán continuar abiertos se ha reducido en un mes. Anteriormente, abarcaban el tramo comprendido entre el 1 mayo y el 31 de octubre. A partir de esta temporada, la licencia caducará el 30 de septiembre, es decir, según explica la alcaldesa, “apenas se deja a los adjudicatarios cinco meses para rentabilizar sus negocios”.
Por otro lado, el informe redactado por Medi Ambient, y que es de carácter vinculante para Costas, establece la prohibición de que los chiringuitos puedan utilizar generadores auxiliares que les proporcionen corriente eléctrica.
“Si esto es así – se pregunta la alcaldesa de Campos - ¿cómo podrán estos negocios ofrecer helados o bebidas frescas a sus clientes? Dudo mucho que en estas condiciones haya autónomos o empresas que manifiesten interés en hacerse con alguna concesión, y esto supone que los residentes campaners obtendrán cero euros del parque natural”.
En cambio, los gastos de gestión de este espacio se acumulan para el Ayuntamiento de Campos, que ha de hacer frente a cuantiosas facturas en materia de vigilancia, limpieza, coordinación, socorrismo, ordenación del tráfico, mantenimiento del estacionamiento o el cuidado de los jardines. Todo junto alcanzaría, según los cálculos municipales, unos 450.000 euros, una cantidad que, en palabras de la primera edil, “deberán afrontar los residentes de su propio bolsillo porque unos políticos, desde Palma, han decidido que se deben limitar nuestras fuentes de ingresos”.
En cualquier caso, el Ayuntamiento de Campos no piensa claudicar. Francisca Porquer ha señalado que presentarán batalla ante el Govern y la Conselleria de Medi Ambient i Territori mediante las correspondientes alegaciones que actualmente están ultimando los técnicos municipales. A su juicio, Campos no tiene que salir perjudicado por el hecho de acoger en su territorio un parque natural que, según la alcaldesa, “tiene cada vez menos de natural, ya que no es posible ni siquiera instalar papeleras y, por tanto, la suciedad campa a sus anchas, especialmente en la zona de las dunas, cuya preservación es, según Medi Ambient, su máxima prioridad. Da la impresión de que al Govern solo le importa vigilar a los chiringuitos, y dejar a más familias en paro”.
Por su parte, este mismo martes, la presidenta del PP balear, Marga Prohens, ha acusado directamente a la presidenta del Govern, Francina Armengol, de estar "obsesionada en contra el turismo" al aplicar una "nueva política ideológica de chiringuitos cero" que, bajo su punto de vista, perjudica al sector y a los municipios.
En una comparecencia informativa desde la playa de ses Covetes, en el término municipal de Campos, una de las zonas afectadas por las nuevas disposiciones del Ejecutivo balear, Prohens ha denunciado "los ataques del Govern" a los chiringuitos de playa y la situación que sufre este municipio. A este respecto, Prohens ha tildado de "profundamente ideológico" el informe de la Conselleria de Medi Ambient i Territori que disminuye a tan solo tres los chiringuitos autorizados en Campos, es decir, la mitad de los que existían hasta ahora.
Según la dirigente popular, "esta manía ideológica se suma a la improvisación y la falta de gestión, de manera que el Ayuntamiento de Campos todavía no ha recibido los informes de Medi Ambient y de Costas para sacar a licitación estos chiringuitos, con lo que es imposible que estén adjudicados y montados en las playas el próximo 1 de mayo". Además, como el permiso se extenderá tan solo hasta el mes de septiembre (no hasta octubre, como venía ocurriendo), el retraso administrativo incidirá, en palabras de Prohens, en "reducir todavía más el tiempo que podrán estar disponibles, porque serán menos días de trabajo y de negocio".
Para la presidenta del PP balear, esta medida constituye "un paso más en la turismofobia del Govern, y ahonda en el decrecimento turístico", con el que "se pone en juego el bienestar y la sostenibilidad de las islas". Aunque Prohens defiende la "economía sostenible", también ha resaltado que la actividad productiva ha de ser "medioambiental, económica y social; si no se dan estas tres patas, no hay sostenibilidad posible".
Igualmente, Marga Prohens cree en "la protección de los espacios naturales más débiles, como los espacios dunares", pero ha recordado que este supuesto ya se halla recogido en la Ley de Costas, donde "se determinaba el espacio entre chiringuitos, y esta directriz e se ha ido cumpliendo".
Sobre esta "obsesión" de Francina Armengol contra el turismo, Prohens ha reclamado a la presidenta del Govern que diga " qué coste tienen que pagar los ciudadanos por esta manía ideológica y a qué porcentaje de bienestar les hará renunciar". Desde su perspectiva, "es falso que los chiringuitos sean los causantes de todos los males y que tengan un efecto llamada a las playas o que sean los culpables de que haya más o menos arena", unas consideraciones que atribuye a "excusas para justificar la política de prohibiciones".
Además, la líder del PP en las islas ha augurado que la gente que acuda a las playas donde no haya chiringutos "llevará su comida y bebida de casa", y, en el caso concreto de Campos, supondrá que "dado que no hay papeleras en el parque natural, la zona estará más sucia, al margen de que va a proliferar la venta ambulante ilegal".
Otra cuestión crucial en este inicio de temporada es la de los municipios costeros de Baleares que se hallan pendientes de licitar la adjudicación para la explotación de elementos de ocupación temporal en las zonas de playa (hamacas, tumbonas, sombrillas….). Tras haber tenido que renunciar a la campaña de Semana Santa, estos ayuntamientos se preguntan si el importante retraso acumulado por la Demarcación de Costas en cuanto a la tramitación de los permisos, les impedirá también desaprovechar la cada vez más próxima temporada de verano.
Los cálculos estimados por parte de fuentes consultadas por mallorcadiario.com reflejan que los chiringuitos que se hallan pendientes de licitación deberán esperar a finales de junio, o incluso a principios de julio, para iniciar su funcionamiento. Y todo esto siempre que, en efecto, Costas conceda la preceptiva autorización, ya que no está siendo así en todos los casos.
Estas mismas estimaciones apuntan a que, antes de que comenzara la temporada de Semana Santa, la mitad de municipios turísticos de las islas se veían afectados por estas demoras, las cuales incluso han sido reconocidas por Costas a algunos de los empresarios interesados, argumentándoles que el problema del ‘atasco’ administrativo reside en el escaso número de funcionarios que este departamento vinculado al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha asignado a esta labor.
A consecuencia de estos retrasos burocráticos, las empresas y autónomos que operan como adjudicatarios de estos servicios en las áreas de litoral de las islas afrontan la posibilidad de perder, al menos, el inicio de la temporada de verano. De hecho, ya han tenido que renunciar a explotar sus negocios durante las fechas de Semana Santa.
Básicamente, esta situación afecta a los municipios de Baleares que se han visto obligados a tramitar, ante la Demarcación de Costas, la renovación de la autorización para la instalación de elementos de ocupación temporal. Este concepto agrupa a servicios tan característicos como las tumbonas, las sombrillas, las hamacas y los velomares, entre otros muchos. En conjunto, el porcentaje de términos municipales en esta coyuntura alcanzaría el 50 por ciento de los territorios costeros del archipiélago.
En el resto de casos, se trata de permisos que fueron aprobados en su momento y que todavía no han superado el periodo de vigencia de cuatro años inicialmente otorgado. Por esta razón, estos ayuntamientos han tenido en su mano la posibilidad de llevar a cabo la tramitación de la licitación de forma automática, mediante la comunicación efectiva al adjudicatario.
No ha sido, en cambio, este el caso de los municipios que deben esperar la autorización para la renovación de la autorización, entre los que se hallan localidades tan punteras, desde el punto de vista de oferta vacacional, como Alcúdia, Son Servera, Sant Llorenç des Cardessar, Felanitx, Campos, ses Salines y Andratx.
En el otro supuesto, es decir, el de los municipios que no han debido esperar la respuesta de Costas está Palma, donde emplazamientos como Cala Major y Platja de Palma podrán seguir siendo explotados esta próxima temporada, ya que los adjudicatarios disponen de permisos vigentes. Este sería también el caso de Muro, Capdepera, Manacor, Santanyí y Llucmajor.
Al margen de Mallorca, un caso paradigmático es el de la población ibicenca de Sant Josep de sa Talaia. Este municipio acoge algunas de las playas más concurridas de la isla pitiusa durante los diferentes periodos de la temporada turística, como Platja d’en Bossa y ses Salines.
Fruto de esta intensa actividad, conviven en la zona un total de 38 concesionarios, cada uno de los cuales ha visto irremisiblemente perdidos, esta Semana Santa, los ingresos que hubiera podido proporcionarles el alquiler de hamacas, tumbonas y el resto de elementos de ocupación temporal, aprovechando la masiva llegada de visitantes a Ibiza durante esta fechas.
La validez de los permisos para la explotación de elementos de ocupación temporal en las zonas de playa y litoral se extiende por un periodo de cuatro años. Eso supone que, una vez que ha expirado este plazo de tiempo, la maquinaria burocrática empieza a funcionar de nuevo, y los ayuntamientos se ven obligados a pedir a Costas la renovación de la autorización. Y, por parte de este organismo, traslada la documentación pertinente a la Conselleria de Medi Ambient i Territori para que emita su correspondiente informe, el cual es de carácter vinculante.
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