Munar merece el peso de la justicia pero no escarnio ni ensañamiento

Maria Antònia Munar dispondrá esta semana de su primer permiso carcelario en los cinco años que lleva interna en la prisión de Palma por los diversos casos de corrupción política por los que fue juzgada y condenada. Serán tres días que la Audiencia Provincial de Balears ha considerado que le corresponden a la expresidenta del Parlament en contra de las decisiones adoptadas por las autoridades penitenciarias, que le han venido denegando la concesión de permisos.

Munar encabeza la lista de los dirigentes de Unió Mallorquina que han acabado encarcelados por diversos casos de corrupción. Ingresó en la cárcel en julio de 2013 para hacer frente a la primera de una serie de condenas que, en total, suman 14 años de prisión. Hace año y medio que cumplió una cuarta parte de la pena, a pesar de lo cual el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria rechazó las cinco solicitudes que durante los últimos doce meses ha venido presentando su abogado, Gaspar Oliver. La principal razón de la negativa: la Junta de Tratamiento de la cárcel no ha advertido hasta ahora reconocimiento de culpa y ha considerado, además, que había riesgo de fuga.

Al final han tenido que ser los jueces de la Audiencia los que enmienden la plana al Juzgado de Vigilancia Penitenciaria, concediendo el permiso con una serie de prohibiciones y tutelas. El episodio es lo suficientemente retorcido como para pensar que se ha buscado un escarnio añadido al cumplimento de la pena carcelaria. Quizá porque Munar, junto a Matas y Urdangarín, representa el icono de la corrupción en Balears; un argumento social o mediático que nunca puede ser utilizado para tratarla de forma diferente a otros condenados, privándola durante meses de los permisos a los que tenía derecho y que finalmente ha concedido la Audiencia.

Sobre Maria Antònia Munar debe caer el peso de la justicia, tal y como ha ocurrido, con ella y con otros compañeros del partido que encabezó. Pero llevar al extremo determinadas circunstancias o interpretaciones para impedir los beneficios carcelarios a los que todos los presos del país tienen derecho no parece la más correcta aplicación de la justicia. Munar debe responder ante la justicia como ya lleva haciéndolo hace años, pero sin escarnio ni ensañamiento, pese a la gravedad de los actos reconocidos.