Las autoridades europeas se han comprometido a establecer un mayor control sobre las plataformas de alquiler vacacional que comercializan pisos y casas que no tienen la preceptiva licencia. Así lo han comunicado a la delegación del Govern balear que esta semana se trasladó a Bruselas para exponer ante las autoridades europeas el problema que supone para las Islas este tipo de oferta ilegal y sus consecuencias en términos de masificación turística.
Los consellers de Modelo Económico y de Hacienda, Iago Negueruela y Rosario Sánchez, respectivamente, encabezaron una representación que, entre otras reuniones, se entrevistó con la directora de Turismo y Digitalización de Mercado Interior de la Comisión Europea, Valentina Superti. Negueruela y Sánchez insistieron en que el nuevo reglamento que apruebe el Parlamento Europeo incluya que las plataformas sólo puedan anunciar alquileres que tengan números de licencia inscritos en los registros oficiales, de manera que no se puedan publicitar alquileres ilegales.
Actualmente, algunas de estas plataformas por internet -las más conocida es Airbnb, pero la práctica se extiende a otras como Booking, HomeAway, Expedia o Vrbo- incluyen anuncios de inmuebles para alquilar que no tienen licencia, con lo que es imposible establecer cuotas o un techo de plazas, como ocurre con los hoteles. Desde este digital, el propio Negueruela ya expresó la necesidad de que Europa fuera "valiente" y se plantease sancionar "de forma espectacular" a estos intermediarios, señalándolos como responsables de la masificación que se produce en destinos como Baleares.
El nuevo reglamento europeo legaliza el intercambio de datos para detectar la oferta ilegal en el sector turístico y mejora la transparencia en el registro de propietarios. Sin embargo, debe existir una capacidad sancionadora de las autoridades competentes para multar a las plataformas que no cumplan con las normativas. Publicitar y comercializar algo ilegal debería tener consecuencias, sobre todo cuando los efectos de estas acciones se dejan notar en la calidad turística de un destino líder como las Baleares.
La decisión debe ser valiente porque el poder de estas plataformas es notable. El Tribunal Supremo tumbó en 2021 la multa de 300.000 euros impuesta por el Govern balear a Airbnb; y el poder del lobby que estas empresas ejercen en Bruselas se ha ido incrementando los últimos años.
Ahora se presenta una oportunidad para reconducir la situación a través del Parlamento Europeo y la Comisión. Convendría no desaprovecharla porque Baleares se juega mucho. El sector turístico local cumple las normas, ha destinado inversiones millonarias para mejorar los establecimientos, ha defendido la implantación de un techo de plazas hoteleras para apostar por la calidad en vez de la cantidad... El interés mercantilista de un puñado de multinacionales -que explotan el atractivo turístico de España, pero que tributan la mayor parte de su negocio fuera del país- no puede poner en riesgo todo lo conseguido durante años de esfuerzo y dedicación.
