Muerte en Estambul

El asesinato, probablemente precedido de torturas, del periodista saudí Jamal Khashoggi residente en Estados Unidos, colaborador del Washington Post, en el consulado de Arabia en Estambul, es uno de los episodios más perturbadores de la política internacional de los últimos tiempos, no tanto por la importancia del involuntario protagonista, cuanto por lo que significa de cómo actúan los gobiernos y los servicios secretos de determinados países y la connivencia, por puro interés, de las potencias occidentales, que miran hacia otro lado ante violaciones gravísimas de los derechos humanos y las leyes internacionales,

La absoluta tranquilidad y despreocupación con la que un escuadrón de la muerte, ligado al príncipe heredero del reino saudí, Mohamed Ben Salman, actuó en el consulado de Estambul, prácticamente sin disimulo, demuestra que se consideraban impunes así como la reacción inicial del gobierno saudí negándolo todo y afirmando que el periodista salió vivo y por su pie del consulado.

Solo la intervención del gobierno turco, exigiendo que su policía pudiera investigar la desaparición en las propias instalaciones del consulado y de la vivienda del cónsul, ha permitido ir conociendo los macabros detalles de lo que allí ocurrió y ha forzado el reconocimiento por parte del gobierno saudí de la muerte delo periodista, aunque la atribuye a una improbable pelea a puñetazos con funcionarios del consulado. No aclaran donde está el cuerpo, del que existe la casi total seguridad de que fue descuartizado.

Ahora parece claro que los que están en peligro son los miembros del escuadrón de asesinos, al menos algunos de ellos, que servirán de cabezas de turco para evitar, en último término, que se vea afectado el príncipe heredero.

La reacción de los países occidentales ha sido, por decirlo suavemente, tibia, empezando por el propio presidente Trump, que ha sido más que cauto al valorar la situación y parece proclive a “creer” la peregrina explicación saudí de la pelea a puñetazos. Está claro que la capacidad saudí de intervenir en el mercado y en el precio del petróleo, así como su condición de comprador de servicio y armas por valor de miles de millones de dólares, induce está actitud precavida.

Por parte de los países europeos, solo Ángela Merkel, una vez más, ha demostrado un cierto impulso ético al declarar que Alemania detendrá la venta de armas a la Arabia Saudita. Otras potencias europeas, como Francia y el Reino Unido, se han mostrado de acuerdo en la condena al régimen saudí, pero no a prohibir el comercio de armas con el país de los Saud.

Ahora, que quizás sería el momento de dar coordinadamente un severo toque de atención a la dictadura saudí desde la Unión Europea, vemos como solo Alemania parece dispuesta a ello. Del gobierno español no podemos esperar nada, puesto que ya hace unas semanas el gobierno echó atrás una decisión de la ministra de defensa de no vender bombas de precisión, que son utilizadas por la aviación saudí para bombardear civiles yemeníes, incluyendo niños, mujeres y ancianos, ante la amenaza saudí de cancelar diversos contratos de bienes y servicios adjudicados a empresas españolas.

En definitiva, algunos de los miembros del escuadrón saudí pagarán el pato, de hecho uno de ellos ya ha muerto en un extraño accidente de tráfico en Arabia, los países occidentales seguirán vendiendo armas y otros bienes y servicios y comprando petróleo a Arabia Saudita, el único país del mundo que tiene el mismo apellido que el de la familia que lo controla y el príncipe Ben Salman seguirá con su falso proceso de modernización del país, siguiendo en principio gatopardiano de que algo debe cambiar para que todo siga igual, aunque este caso le retrasará algún tiempo, como el boicot que algunas prominentes figuras de las finanzas internacionales realizarán a la cumbre a celebrar en Riad esta semana, la llamada Davos del desierto. “Lavar” su imagen le costará algunos miles de millones, pero eso no es problema, si algo les sobra a los Saud es din

Queda claro que el respeto a los derechos humanos, a los derechos civiles y a los principios de la legalidad internacional cotizan a la baja ante los intereses de los mercados y las finanzas.