JAIME ORFILA
Los hechos
La coparticipación de los ciudadanos en el pago de los medicamentos y productos sanitarios es una medida que tiene como objetivo la sostenibilidad del sistema sanitario. Es una medida impopular, instaurada en la mayoría de los sistemas sanitarios occidentales. El fin más importante es evitar la adquisición y almacenamiento de productos no necesarios.
Los trabajadores en activo, hasta la jubilación, participan en el pago de los medicamentos desde la creación del Sistema Nacional de Salud y los funcionarios, a través de sus mutualidades, continúan con el copago después de jubilados.
En julio del 2012, se modifica la coparticipación farmacéutica, instaurando, entre otros, un copago disuasorio para los pensionistas, con un límite de 8 euros al mes, se introduce un incremento de la participación porcentual de los activos, más elevada para las rentas altas y se retira el copago a los parados sin prestación.
Algunas comunidades asumen el sobrecoste sin repercutirlo en los ciudadanos; otras adecuan las tecnologías de la información para que a partir de los 8 euros, los pensionistas no tengan que aportar ninguna cantidad adicional. En nuestra comunidad, los pensionistas cada vez que van a la farmacia se les aplica el copago del 10%, sin atender lo pagado a lo largo del mes. El ejecutivo se comprometió a devolver las cantidades adelantadas en un periodo temporal inferior a 6 meses.
Llegada la fecha, el portavoz del ejecutivo, en una declaración, dicho sea de paso, en superficie y reactiva, contesta que se devolverá lo pagado de más cuando se pueda. En realidad los pensionistas han adelantado un dinero que por ley no les corresponde. Técnicamente han extendido un crédito a las arcas públicas. Un microcrédito, que sin entrar en los valores absolutos de las cifras adelantadas, para la población afecta, puede ser muy importante
Las reflexiones
Me pregunto, ¿Quién tiene el dinero adelantado por los ciudadanos?
¿Qué departamento es el encargado de planificar y ejecutar la devolución? ¿la DG de Farmacia, los órganos de planificación de laq Cosnejería de Salud, la subdirección del medicamento del Servicio de Salud, la Consejería de Economía, …?
¿De que se está pendiente? ¿Que norma, aplicación informática, decisión administrativa falta para devolver a los ciudadanos lo que es suyo? ¿Quién es el responsable directo de esta afrenta?
Por lo que se ve, algunos se lían con el concepto de servicio a los ciudadanos; por si algún político en activo está confundido o tiene dudas, cabe clarificarle que el servicio público a los ciudadanos no incluye el “hacerles la cama”. Si me equivoco que me rectifiquen, pero tengo la sensación que algunos utilizan la grave crisis económica que estamos viviendo como excusa para tapar las ineficiencias de la propia administración; y los ciudadanos, con la que está cayendo, no se lo merecen. Si no identificamos a los políticos/funcionarios improductivos podemos pensar que todos son ineficientes y también es injusto.
Niveles de preocupación
Estas cantidades pueden dificultar la ya complicada situación de algunos ciudadanos; en todos los casos afectaría a los más débiles, a los más pobres, a los más frágiles a los más necesitados.
No devolverles las cantidades adelantadas es una muestra de insensibilidad y/o de incompetencia de unos gestores que desarrollan su labor en un ámbito tan social como el de la salud
La administración, en un escenario de limitaciones presupuestarias y de necesidad, tiene que tener un plus de agilidad, de eficiencia y de servicio que se sustancia en el compromiso y en la profesionalidad y no precisa de mayor gasto.
