En el palacio presidencial de la República Dominicana hay un salón de grandes dimensiones de cuyas paredes penden varias docenas de cuadros con escudos del país. Siendo Dominicana un país relativamente joven, aquello sale a tantos escudos como presidentes ha habido en la breve historia del país. La explicación es sencilla: cada presidente que llega, cambia el escudo oficial del país, introduciendo o quitando algún elemento que le agrada o le repugna. El resultado es que, por supuesto, nadie sabe qué escudo es el que está actualmetne en vigor en Dominicana, lo cual es perfectamente compatible con la vida normal. En todo caso, una situación que con propiedad llamaríamos de república bananera, pese a que en la isla no produzcan plátanos sino azúcar.
En Baleares no tocamos el escudo, cuya modificación frecuente por lo menos sirviría para decorar las paredes de los salones de las sedes gubernamentales, sino que estamos introduciendo la costumbre de cambiar leyes claves. O lo pretendemos. Ahora hemos cambiado la Ley de la Función Pública en el tema del catalán, para adaptarla a la propuesta electoral del PP que fue votada en las urnas en las últimas elecciones. Ayer, una
organización social allegada a la derecha emitió un comunicado en el que afirmaba que lo que está detrás de esta iniciativa es que “los que impiden a los padres decidir sobre la lengua intentan imponer lo perdido en las urnas”. Se refiere a que todo el coro de organizaciones nacionalistas que está clamando por el catalán, que se opone a las reformas que está introduciendo el Gobierno de Bauzà, ha perdido las elecciones estrepitosamente y que, por ese motivo, no tendrían derecho a defender lo que consideren adecuado.
Esta visión parece apuntar a que aquí quien gana unas elecciones puede cambiar el ordenamiento legal, como ya pasa con las leyes del aborto, del matrimonio, de la igualdad, de la educación, los carriles bici o el Plan Hidrológico. Esto es erróneo y patético por varias razones. En primer lugar, porque es muy difícil adivinar un
único motivo en el voto en las urnas a un partido político; yo diría que Bauzà ganó fundamentalmente por la crisis económica y que otras cosas, desde su postura sobre la Televisió de Mallorca, sobre la lengua o sobre el tren de Manacor, tuvieron un peso menor. En segundo lugar, porque siendo totalmente legítimo el poder del PP para imponer sus políticas, es descabellado que temas claves se hagan sin acuerdo, sabiendo que en cuatro años se van a revisar y revertir a la situación anterior con igual legitimidad democrática. Y, finalmente, porque hay cuestiones que deben de quedar fuera del debate diario, para convertirse en normas dialogadas, consensuadas y razonables, donde se atienda a la discrepancia con sensibiliad. Aquí, por supuesto, toparíamos con quienes, indiferentes a las minorías, incluso a las mayorías, persiguen su agenda de forma implacable, pase lo que pase.
O sea que tenemos muchos números para la bananización de nuestras políticas de lengua, entre otras cosas.
