JAIME ORFILA. La consejería de salud, en sede parlamentaria, ha aportado el número de funcionarios en nómina por niveles asistenciales, fundaciones y empresas públicas. Superan con creces los 14.000. La cifra está en la media del resto de comunidades y el gasto sanitario de Baleares es el segundo más bajo del Estado.
Sin embargo, cuando analizamos el crecimiento de trabajadores públicos sanitarios, supongo que en el resto de sectores pasa algo parecido, en los últimos años, se ha producido un incremento muy importante de los efectivos. Por otro lado, es muy difícil identificar apartados en los que se hayan mejorado los servicios ofrecidos al ciudadano; no ha aumentado la actividad ni los indicadores de calidad y/o de seguridad; las esperas para ser atendidos se han incrementado de una forma alarmante; los programas de salud pública están anclados en el siglo pasado; estructuras de apoyo presentan una preocupante hipertrofia de medios e inacción; no se activan nuevos programas asistenciales de referencia que llevan años esperando. Por otro lado, hay recursos mal dotados y el clima laboral es francamente mejorable.
Las anteriores afirmaciones me llevan a la conclusión de que se están aumentando los recursos sin una planificación previa, no se redistribuyen los trabajadores de forma racional y la política de recursos humanos es desmotivadora y poco profesional. Un número importante de cargos intermedios pueden haberse convertido, también, en parte del problema; se cuentan por centenares y les preocupan más sus intereses, que los intereses de sus trabajadores y de los ciudadanos a los que teóricamente sirven.
Con toda probabilidad, la situación tiene una relación directa con los nombramientos políticos no basados en la competencia. Y ya se sabe, el primer paso para la resolución de un problema es reconocerlo.
