El conseller d'Educació ha finiquitado el débil consenso existente entre las organizaciones del sector de la enseñanza, logrado tras muchísimo esfuerzo y años de negociación en el seno de la Plataforma Illes per un Pacte, cuyo documento final había sido aprobado por amplísima mayoría el pasado año en el Consell Escolar de les Illes Balears, y que actualmente estaba siendo debatido en una comisión del Parlament para, tras las aportaciones de personas expertas, conseguir conformar el armazón de una futura Llei d'Educació de les Illes Balears alumbrada desde un amplísimo acuerdo, algo que es reclamado por la mayor parte de las organizaciones y por la sociedad civil desde hace años.
Ayer, todo esto saltó por los aires debido a la inflexibilidad e incapacidad negociadora manifiesta del departamento que dirige Martí March, posiblemente debido a las hipotecas contraídas con sus socios y entorno ideológico.
Hace solo tres meses, la Directora General de FP, Maria Francisca Alorda, presentaba ante la mesa de la enseñanza concertada su Model Lingüístic Escolar de les Illes Balears, un documento programático completamente elaborado y cerrado que, según Alorda, había sido consensuado con "la comunidad educativa" y que, además, aclaraba que derivaba de un desconocido estudio previo suscrito por algunos expertos en la materia, designados por la propia conselleria.
Ninguno de los presentes entonces -representantes de un sector que escolariza a casi el 40 por ciento de los alumnos de las islas- tenía la más mínima noticia de dicho documento, lo que desmentía por completo el predicado consenso inicial. Se trataba, por tanto, más de una revelación -en el sentido bíblico- que de la presentación de un proyecto.
Por otra parte, su contenido era, de plano, inasumible para muchas organizaciones, pues, además de regresar a esquemas de hace más de dos décadas -como si nuestra sociedad fuese la misma que en 1997-, eliminaba la capacidad de los colegios para perfilar y evaluar su proyecto educativo y lingüístico de acuerdo con las necesidades de su alumnado, volviendo a las fórmulas rígidas -impuestas unilateralmente por los políticos-, propias del convulso período de mandato de José Ramón Bauzá, durante el que tanto sufrimiento se causó a la comunidad educativa a costa, precisamente, de la lengua.
Además, el documento omitía por completo las evaluaciones de los resultados académicos de todos los colegios de la CAIB en materia de competencia lingüística, que curiosamente arrojan resultados muy parecidos entre centros con proyectos muy distintos, lo que pone de manifiesto que la pretendida e imprescindible uniformidad impuesta por este Model Lingüístic era completamente innecesaria para mejorar nuestros datos, además de ilegal en muchos aspectos y políticamente torpe.
El trasfondo, mucho más simple y prosaico que lo manifestado por la Directora General, es que, de matute, el conseller March estaba tratando de contentar a los dos principales sindicatos que habían quedado fuera del Pacto Educativo -con el que, además, fueron especialmente críticos-, STEI y CCOO, intentando que esta operación de camuflaje fuera apoyada por el resto de la comunidad educativa y así dar cumplimiento a los compromisos del conseller con estos sindicatos y con los socios del Govern que les son afines.
El documento de Model Lingüísitic, sin valor normativo alguno -el propio president del CEIB reconocía ayer que era inaplicable a los centros-, pero con una carga ideológica, doctrinal y simbólica indudable, iba a pasar al Consell Escolar de nuestra comunidad para ser debatido y para elaborar el correspondiente informe. Y aquí es cuando, en el día de ayer, se puso de manifiesto en toda su extensión y crudeza que retocar lo previamente acordado en el Pacto Educativo, suscrito por más de cuarenta entidades de todas las Islas y con adhesiones de otra docena, era un error mayúsculo, salvo que con antelación al debate se hubiera accedido a negociar con la totalidad de la comunidad educativa -y no solo con los cercanos ideológicamente- un modelo consensuado que partiera de las premisas del Pacto y no que las dejara en agua de borrajas, como finalmente ha ocurrido.
Durante la tramitación en el CEIB, han sido muchas las llamadas a devolver el Model Lingüístic a su origen para reiniciar su confección, con el generoso y prudente propósito de que el documento base naciera del acuerdo y no de la imposición. A tal fin, se presentaron varias enmiendas, que fueron sistemáticamente apartadas siguiendo directrices del Govern, quedando meridianamente claro que la conselleria no quería tocar ni una sola coma de las esencias del Model, ya comprometidas por el conseller con STEI y CCOO.
Desde el ejecutivo, además, se programó una labor de fontanería política que se desarrolló hasta el mismo día del pleno del CEIB, una indisimulada llamada a rebato para que a la sesión acudieran incluso consellers cuyo único conocimiento del asunto era el sentido en el que tenían que votar, como inocentemente confesaron al finalizar algunos de ellos. Otros se ausentaron inopinadamente en el momento decisivo.
Aún así, en la previa votación de una enmienda global de la COAPA -confederación de padres de la enseñanza pública-, que, sensatamente, pedía la devolución del documento y de todas las valiosas aportaciones realizadas por los miembros del órgano consultivo a la conselleria para que ésta reiniciara el proceso con el máximo beneplácito posible, las fuerzas estuvieron muy equilibradas, de manera que únicamente por una exigua mayoría de tres votos se aprobó que el informe sobre el Model Lingüístic pasara a ser analizado por el pleno del CEIB y no fuera devuelto a sus autores.
Fracasadas estas llamadas al diálogo y al consenso previo, la coherencia interna de las organizaciones signatarias del Pacto Educativo se desintegró y cada una de ellas adoptó en posteriores votaciones una postura acorde con sus intereses privativos, lo que ocurre por vez primera desde su firma, hace más de dos años. El Pacto Educativo es, pues, de facto, cadáver, a falta del posicionamiento oficial de las organizaciones que lo ratificaron en su día, que seguramente se pronunciarán en los próximos días.
Desde el primer momento, en este proceso ha quedado claro que, por encima de cualquier otra consideración, el Govern y su conseller Martí March querían ganar su votación e imponer su modelo, aunque con ello liquidaran las esperanzas de toda una sociedad de conseguir un acuerdo imprescindible para mejorar nuestro sistema educativo.
Pero incluso más relevante todavía es que, con su actitud impositiva, el conseller aniquiló ayer una frágil y mínima, pero valiosísima unidad en materia lingüística en el ámbito educativo, hito que había costado muchas lágrimas y sudor conseguir, como evidencian los 100.000 ciudadanos que este asunto sacó a la calle en la pasada legislatura.
Aclararles, para finalizar, que esta pírrica victoria política se obtuvo con solo 17 votos a favor de un Consell Escolar que tiene 50 miembros. Un 'gran triunfo', sin duda.
