El Grupo Parlamentario de Vox, cuya portavoz es Manuela Cañadas, aprovechó la tramitación parlamentaria del Decreto Ley 1/2025, de medidas urgentes para la protección de las personas y del medio natural en el ámbito de la comunidad autónoma de Baleares en lo relativo a determinadas explotaciones ganaderas intensivas de aves de corral, —más conocido como decreto de macrogranjas—, para presentar una serie de enmiendas.
Dos de las enmiendas presentadas por Vox hacían referencia a la normativa reguladora de los agroturismos. Concretamente se pretendía la adición de una disposición transitoria y una disposición a la Ley Agraria (3/2019), para dar seguridad jurídica a los agroturismos.
Sin embargo, la portavoz de Vox en el Parlament, Manuela Cañadas, presentó el pasado 16 de abril un escrito en el Parlament retirando las dos enmiendas sobre agroturismos presentadas por su formación. Esta actuación ha generado intenso malestar entre el sector afectado, en lo que se interpreta como un gesto de Cañadas hacia los grupos de izquierdas y más específicamente con el PSOE.
Algunas fuentes señalan que la portavoz parlamentaria de Vox se alinea nuevamente con los socialistas para perjudicar a los propietarios de fincas agrícolas que subsisten gracias a la actividad turística en el ámbito rural, una oferta muy específica que, además, tiene un gran potencial desestacionalizador.
ENFADO DEL SECTOR RURAL
El malestar generado por este cambio de posición de Vox al asumir los postulados de la izquierda es máximo, ya que supone la retirada de unas enmiendas que, de haber sido aprobadas, favorecían la conservación del medio rural, la creación de empleo y la generación de riqueza.
Además, es contradictorio que el partido que presume de defender la libertad económica y la seguridad jurídica como pilares fundamentales para el desarrollo del sector primario, retire dos enmiendas para congraciarse con la izquierda.
Recordemos que Manuela Cañadas ya votó a favor de unas enmiendas del PSOE a la Ley de Polígonos, en tramitación parlamentaria, por las cuales se impedirá al Govern hacer modificaciones de crédito ni financiar proyectos con fondos de la ecotasa sin la previa aprobación del Parlament.
