La detención por supuestos delitos de extorsión de las cúpulas del llamado Sindicato Manos Limpias y de Ausbanc, incluyendo a los respectivos secretario general y presidente, por parte de la UDEF, bajo la dirección del magistrado de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, ha destapado ante la opinión pública un nuevo episodio de posible corrupción, que va a incrementar aun más el hastío, el hartazgo, de la ciudadanía española, saturada hasta la náusea de la podredumbre generalizada que corroe el entramado institucional y social del régimen político surgido de la Transición, que muestra hace años signos evidentes de agotamiento y descomposición.
No resulta demasiado sorprendente el caso de Manos Limpias. Prácticamente la única actividad conocida del llamado sindicato era presentar querellas contra todo lo que se mueve, sobre todo contra personalidades, organizaciones o instituciones del ámbito progresista y nacionalista no español. Sin apenas militantes y sin auténtica actividad sindical más allá de haberse incluido en alguna ocasión en las listas del CSI-CSIF, sus fuentes de financiación para abastar la incesante actividad querellante resultaban enigmáticas. Algunos medios de comunicación han publicado en diferentes momentos en estos últimos años la existencia de conexiones con la Fundación Francisco Franco. Si bien el llamado sindicato ha negado rabiosamente ser de ideología de ultraderecha, incluso amenazando, como no, con querellas, su ahora detenido presidente, Miguel Bernad, ha sido miembro de organizaciones vinculadas al franquismo y distinguido honoríficamente por la mencionada fundación dedicada a la preservación de la memoria del dictador.
El caso de Ausbanc es diferente, puesto que es una organización con presencia importante en toda España y su actividad judicial se circunscribe, al menos así parecía, a la defensa de los intereses de clientes de los bancos contra los abusos de los mismos, habiendo conseguido algunos éxitos notables. Pero es verdad que su presidente, Luis Pineda, también está ligado, o lo ha estado, a la ideología de ultraderecha.
Los medios de comunicación han informado que, al parecer, la investigación se inició en febrero del año pasado, es decir, que llevaría en marcha más de un año, y que las detenciones se han precipitado a raíz de las filtraciones que se produjeron la semana pasada.
Resulta inquietante la coincidencia temporal del inicio de la investigación con el final de la instrucción del caso Noos, en el que Manos Limpias es el único actor que acusa a Cristina de Borbón y la coincidencia de la detención cuando el juicio está llegando a su punto culminante y una inhabilitación del llamado sindicato supondría la exoneración automática de la infanta.
Es igualmente desasosegante la coincidencia del inicio de la instrucción con la cuestión prejudicial presentada ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por un juzgado mercantil de Granada y la Audiencia Provincial de Alicante, a resultas de reclamaciones interpuestas por Ausbanc contra las claúsulas suelo, en el que el tribunal europeo dirimirá no la nulidad de dichas cláusulas, que ya han determinado los tribunales españoles, sino la aplicación de la retroactividad, que obligaría a las entidades bancarias a devolver la totalidad del dinero devengado indebidamente, cuando el Tribunal Supremo, en una decisión sorprendente, ha limitado la retroactividad al 9 de mayo de 2013. Y el gobierno español, en vez de defender a sus ciudadanos se ha posicionado descaradamente a favor de los bancos. Y la detención se lleva a cabo cuando el TJUE está a punto de emitir su fallo, que si, como es previsible, es favorable a la retroactividad sin límite, supondrá un coste de cientos, o miles, de millones de euros para los bancos.
Si los dirigentes y otros miembros de Manos Limpias y Ausbanc han cometido delitos, que caiga sobre ellos el peso de la ley, pero resulta turbador el momento elegido. Mientras durante años el llamado sindicato ha servido como azote de progresistas y nacionalistas no españoles, con querellas continuas contra, por ejemplo, el juez Garzón, y cuando fue instrumental en la querella contra el presidente del parlamento vasco José María Atutxa, el vicepresidente Gorka Knörr y una de las secretarias, Kontxi Bilbao, puesto que su recurso al Tribunal Supremo le dio a éste la oportunidad de enhebrar una sentencia de auténtico malabarismo jurídico-legal que desembocó en la condena e inhabilitación de los encausados, nunca se llevó a cabo ninguna investigación. En cambio, se inicia un proceso cuando el llamado sindicato, aprovechando el precedente de la sentencia del caso Atutxa, se constituye en única acusación contra la infanta Cristina.
Y resulta perturbador que se empiece a perseguir judicialmente a Ausbanc en el momento en que sus demandas están a punto de conseguir un gran beneficio para los damnificados por las prácticas irregulares de los bancos, con el consiguiente perjuicio para éstos y dejando en evidencia al gobierno y al Tribunal Supremo.
