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Manifiesta incompetencia

sábado 25 de agosto de 2018, 09:13h

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Era muy joven. Dedicar las vacaciones estivales a trabajar no era una opción. En realidad, representaba una de las pocas fórmulas con las que conseguir los ingresos necesarios para iniciar los estudios universitarios. El traslado y la estancia en la Ciudad Condal no estaba al alcance de las posibilidades de la mayoría de las familias trabajadoras de la década de los ochenta. El esfuerzo personal se veía recompensado con el sistema de becas de estudio. Garantizaban la gratuidad de la matrícula y ayudaban a dar una respuesta inicial a un frágil soporte económico. Permitían coger impulso para adentrarse en las incertidumbres del interesante y azaroso camino de la formación universitaria.

Entre otros, tuve la oportunidad de trabajar en una entidad de crédito localizada en Ciudadela, como refuerzo estival al servicio de cambio de moneda extranjera. En 1986, con la licenciatura, pase del banco al hospital.

Desde hace tres décadas tengo conciencia que el agua potable de la red pública, en la histórica, bella, acogedora y vibrante población menorquina, es insalubre. La sobreexplotación y salinización de los acuíferos es absoluta. Las características organolépticas impiden su bebida. A duras penas permite cocinar. Con dificultades permite la ducha o el lavado de la ropa. Su inocuidad para la salud es discutible. Unos pocos años más tarde, con el desarrollo de la tecnología, la desalación del agua de mar abrió la puerta a la mejora de la calidad del agua corriente.

Supongo que el método les será familiar. Familiar y plenamente vigente. En 2004, Zapatero, por la vía de urgencia, mediante un Decreto Ley, derogó el esperado y consensuado Plan Hidrológico Nacional y con él, el trasvase del Ebro. Con dos objetivos partidistas principales, poder pactar con Esquerra Republicana y minar las expectativas del Partido Popular.

Mientras se desperdiciaban millones de litros de agua arrojándolos al mar, ZP, el mago, apostó por la construcción de desaladoras (51, de las que se han construido 17) con un costo igual al que había previsto para el Plan Hidrológico.

Estos días, se ha denunciado en los medios de comunicación que la desaladora de Ciudadela, una década después de construida, sigue sin estar en funcionamiento por las múltiples debilidades y retrasos, preferentemente, de las administración local, insular y autonómica.

Mejor no hablar de la deplorable gestión insular de tratamiento de los residuos urbanos, de la deficiente gestión de las playas o del estado de las carreteras. La incompetencia de los responsables técnico políticos es mayúscula.

Todos estos ejemplos quedan totalmente superados por la situación de determinadas infraestructuras en Mallorca e Ibiza. En la edición local del El Mundo, José Luis Miró, en una brillante columna, nos recuerda una reunión mantenida con los técnicos y políticos de Cort en 2016. Explica que para justificar el vertido de 20.000 toneladas de agua deficientemente depurada en el mar, se remontaron a deficiencias de la “época de Franco”. Ya tardaban; pero se podían ahorrar la explicación. Una temeridad de este calado sólo puede ser culpa de Franco. Quien si no puede ser el artífice de que millones de litros de agua y heces se viertan en la bahía de Palma, cambien la bandera azul de las playas urbanas por la roja y agredan de forma inmisericorde la sufrida pradera de posidonia.

Estaremos de acuerdo que para estos desaguisados tienen que haber colaborado innumerables equipos de técnicos y políticos de todos los colores durante varias legislaturas. Si nos centramos en las administraciones actuales, infiltradas de falsos técnicos, en connivencia con sus acólitos políticos podemos esperar de todo menos soluciones.

Los partidos que dan soporte al Pacto 3.0 lo único que han aprendido de sus dos primeras versiones es a no pelearse entre ellos. A no poner en riesgo sus sillones. A centrarse en llevar a cabo los caprichos minoritarios de los socios más radicales, para no perder el poder. A continuar con su impecable labor de confusión a los ciudadanos, colocarse en las administraciones y aumentar la deuda.

Corríjanme si me equivoco. Bajo las administraciones derivadas de los Pactos de Progrés no se ha realizado prácticamente ninguna obra pública vinculada a la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos en lo que va de siglo, con la excepción del desaguisado del nuevo hospital de Can Mises. Revisen carreteras, hospitales, centros deportivos, transporte público, palacio de congresos, diques, aparcamientos y parques públicos ..., realizados con mayor o menor acierto y no se les ve en ninguno de ellos. En estos ámbitos sus esfuerzos se han centrado en gastar más de lo que se ingresa y denunciar a los responsables de la modernización de las infraestructuras de la comunidad con la inestimable ayuda, previa invasión partidista, de la Abogacía de la Comunidad Autónoma, el Consell Consultiu e IB3.

Ustedes pueden considerar que los impulsores de los populismos sin fronteras, respetan a los que no piensan como ellos, que legislan de buena fe, que son incapaces de salirse de los límites de la ley para cumplir sus objetivos personales, que actúan sin clientelismo, que destacan por su compromiso y profesionalidad en la administración sanitaria y educativa o que aún queda algún afiliado por colocar. Pueden entender que las obras de Can Mises y la desaladora de Ciudadela se han realizado sin sobrecostes escandalosos y que los vertidos incontrolados de las bahías de Ibiza y de Palma son un castigo divino.

Son libres de hacerlo. Buen finde amigos.

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