Golpe a la corrupción de menores, la gran mayoría tuteladas por el IMAS. La Policía Nacional ha detenido a 17 personas -10 hombres y 7 mujeres- por presuntamente captar a menores y mantener relaciones sexuales con ellas. Tres de las arrestadas son también menores tuteladas y están acusadas de convencer a compañeras de los centros para que se prostituyesen con adultos.
Hasta la fecha se han localizado a 13 víctimas, todas ellas menores de edad. Tras ser puestos a disposición judicial, todos ellos han quedado en libertad.
Desde la oposición critican el silencio de la institución insular y exigen explicaciones y dimisiones.
Vox ha reclamado este jueves al Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS) un protocolo urgente para proteger a las menores tuteladas prostituidas tras las últimas detenciones de explotadores sexuales
El partido ha indicado también en una nota, que ha pedido la reunión "urgente" del Consejo Rector del IMAS para abordar de "manera monográfica" la información relativa a los últimos acontecimientos relacionados con la prostitución de menores tuteladas por la institución insular.
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Escándalo por la gestión de los servicios públicos
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UN ESCÁNDALO DESTAPADO HACE DOS AÑOS
De momento, los responsables del Consell no han dado ninguna explicación acerca de este último episodio de explotación sexual de niñas que están a cargo de sus servicios sociales.
Un escándalo que salióa a la luz tras la violación grupal a una menor tutelada por el Consell de Mallorca en la Nochebuena de 2019. El denominado ‘caso Corea’ provocó un goteo de informaciones diarias que obligó al presidente del Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS), Javier de Juan, a comparecer públicamente e informar de hasta 16 posibles casos -15 chicas y un chico- de explotación sexual infantil de menores a su cargo.
Empujados por la presión mediática y de lo oposición, el Pacte montó una Comisión Política para investigar estos casos que concluyó que "la principal causa de que haya explotación infantil es que hay explotadores".
Paralelamente el IMAS organizó un Comité de Expertos que analizó los casos y realizó una serie de recomendaciones, entre las que destacaba, la creación de un centro especializado destinado a menores que han sido víctimas de este tipo de situaciones.
La coordinadora del comité, Noemí Pereda, señaló entonces que en la evaluación de los casos, los protocolos se cumplieron, aunque el tiempo de respuesta de las instituciones pudo haber mejorado. Según su versión, el problema fue la "variabilidad" entre los casos para haber avanzado la reacción de la Administración. En este sentido, Pereda ha reafirmado que el objetivo es fijar un tiempo máximo de intervención.
Según Pereda ha puntualizado que sería "un fracaso" atribuir las responsabilidades de los casos de abuso y explotación solo al sistema de protección, porque se trata de un problema "multicausal y complejo", y entender los casos de abuso o explotación como un problema puntual. Según ha resumido, la solución "no es sencilla" y pasaría por una mayor sensibilización social y profesional sobre las necesidades de los menores y su situación, así como una mayor formación para los profesionales que trabajan con estos colectivos.
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