La manifestación que ayer llevaron a cabo alrededor de 300 trabajadores de la construcción, pone de manifiesto lo que ya se sabía: el decreto ley aprobado por el Govern sobre medidas urgentes en el ámbito urbanístico, tan aplaudido por el Consell d’Eivissa y por los partidos que están en el Consell Executiu (PSIB y Podem), tiene unos efectos colaterales de efecto no suficientemente calculado en este sector económico.
Muchos de los manifestantes, convocados por no se sabe muy bien quién, acudieron en su horario de trabajo, algunos de uniforme y con certeza animados por sus jefes. De modo que es razonable suponer que los impulsores de la protesta son algunos empresarios de la construcción que se consideran perjudicados por la normativa recién aprobada. No solo la izquierda sabe salir a la calle.
El Govern no tiene de qué preocuparse, porque si se pone freno a la construcción y los constructores se enojan, puede considerar que su objetivo está plenamente alcanzado. Sin embargo los damnificados primeros serán los trabajadores, porque si se reduce la carga de trabajo se irán a la oficina del Soib más pronto que tarde. Conscientes de esta realidad, los silbatos y los petardos con que ayer ensordecían la entrada a la sede del Consell d’Eivissa es lo menos que pueden esgrimir ante las consecuencias de una normativa que puede haberse pasado de frenada, como demuestra que menos de una semana después de ser aprobada el Govern tuvo que corregirla con un nuevo decreto ley.
El diputado de Podem, Aitor Morrás, estuvo allí conversando con algunos de los manifestantes y se marchó del lugar apresuradamente porque quienes se supone que deben ser protegidos por su formación política, la clase obrera, ayer protestaban sonoramente contra una medida de la que ellos sacan pecho y están orgullosos. Y es que las medidas excesivamente proteccionistas como la que nos ocupa, a parte de impedir regularizar construcciones que ya llevaban muchos años levantadas y que por estar prescritas no se pueden demoler, condenado a sus propietarios al limbo jurídico y a no poder pedir ningún permiso ni siquiera de obra menor, tienen consecuencias innegables sobre el sector de la construcción, que parecía estar retomando el vuelo tras superar una crisis que se ha cebado especialmente allí. Es normal que los afectados protesten, aunque es dudoso que su clamor tenga algún efecto en el Govern.
