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Los pescadores de Baleares se suman al paro

lunes 21 de marzo de 2022, 00:00h

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Desde este lunes, y por un periodo incial de tres días, los pescadores de Baleares no saldrán a faenar como medida de protesta por el elevado precio del combustible. La Federación Balear de Cofradías de Pescadores se suma así a la convocatoria realizada a nivel nacional como medida de protesta y en demanda de "soluciones urgentes" para solventar la "gravísima" situación por la que atraviesa el sector.

A los pescadores salir al mar y lanzar las redes les sale más caro que amarrar la flota, de forma idéntica a lo que le ocurre a los transportistas de mercancías, que comienzan este lunes su segunda semana de paro en la mayor parte del país, amenazando el abastecimiento de productos a empresas y consumidores, además de obligar a que mucha producción agrícola perecedera no se recoja y se pierda.

La huelga -o mejor dicho, el paro, porque quienes paralizan su actividad son en su mayoría pequeños empresarios o autónomos- es una solución desesperada que perjudica gravemente a los ciudadanos, rehenes de una situación que ellos mismos también sufren en sus bolsillos y que, con el paro del transporte, ven aumentar sus incertidumbres y problemas.

En todo caso, está en manos del Gobierno acabar con esta situación en el momento justo que considere, aplicando medidas compensatorias y bajadas de impuestos que tendrían un efecto inmediato. Por ello es difícil de entender que el ejecutivo de Pedro Sánchez siga aplazando la decisión hasta finales de mes. Países en Europa como Polonia, Irlanda y sobre todo Italia ya han apostado por la bajada de impuestos para reducir la inflación y el alto precio de los carburantes. España sigue a la espera.

Aquí, el impuesto de hidrocarburos y el IVA ofrecen un amplio margen de actuación para que el precio final que paga el consumidor se reduzca. Pero consumidores y empresarios siguen a la espera de que el Gobierno central deshoje la margarita y comunique cuándo y cómo va a aplicar la rebaja. Una semana más de incertidumbre -la fecha señalada por Sánchez para adoptar una decisión es la del 29 de marzo- puede ser demoledora para las economías de muchos pequeños empresarios y tremendamente perjudicial para los ciudadanos de a pie.

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