Decenas de miles de pensionistas salieron a las calles españolas este fin de semana para protestar por la exígua subida del 0,25 por ciento y reclamar un sistema que garantice la revalorización de sus pagas sin perder poder adquisitivo. En Palma fueron unos 4.000 los que se manifestaron en una protesta inédita enfocada a reclamar unas pensiones dignas. El detonante fue la carta enviada por el Gobierno central anunciando la subida del 0,25 por ciento en las pagas como un gran éxito, cuando en realidad esta revisión dejaba el aumento por debajo del IPC.
La protesta de los pensionistas tiene todo el sentido y goza de un apoyo social mayoritario. Y no sólo por hacer justicia al esfuerzo desarrollado por los jubilados durante años de trabajo, sino porque se trata de un colectivo que, en los peores años de la crisis, ha sido el principal apoyo de multitud de familias. Y en muchos casos lo sigue siendo.
Los políticos han identificado la potencia del movimiento. Así, mientras unos se han apresurado a intentar parar el golpe con promesas de subidas, otros han querido instrumentalizar las quejas en beneficio propio. Es un error querer traducir en términos electorales esta polémica. En Palma se vió claramente cómo la plataforma convocante quiso desligarse de la movilización con la que algunos sindicatos y partidos quisieron capitalizar la protesta. Al final hubo dos cabeceras.
La transversalidad del problema obliga a que, lejos de partidismos, se logre garantizar el sistema público de pensiones mediante un esfuerzo por parte de todos los partidos, como ya se hizo en 1995 con el Pacto de Toledo y sus sucesivas actualizaciones. La solución debe ser objeto del mayor consenso político, social y sindical, de forma que se asegure que los pensionistas no pierdan poder adquisitivo en ninguna circunstancia. Es una cuestión de dignidad, pero también de reconocimiento hacia lo que los pensionistas representan en el mecanismo económico y social del país.
