Los fabricantes de coches denuncian ante la Comisión Europea la prohibición del diesel en Baleares

Según recuerda Anfac en su comunicado, esto implica que tampoco los concesionarios radicados en las islas podrán vender vehículos de diésel de nuevas tecnologías, con el consiguiente impacto económico.

En los escritos dirigidos a la Comisión Europea y al Ministerio de Economía, Anfac denuncia que estas medidas son "arbitrarias, no idóneas y desproporcionadas".

Además, que "están huérfanas de cualquier respaldo técnico o científico", suponen "un claro incumplimiento del derecho de la Unión Europea", así como de la Ley española 20/2013 de garantía de la unidad de mercado; y son "inéditas en toda Europa".

De acuerdo con la patronal, con la prohibición se quiere atajar un "supuesto" problema medioambiental, cuando ésta es "entre buena y excelente en base al propio Informe de Calidad del Aire 2017 de las Islas Baleares".

A su juicio, la prohibición de Baleares incumple "flagrantemente" la libertad de circulación de mercancías y personas, la libre prestación de servicios, el marco europeo de homologación de vehículos de motor, los procedimientos en materia de reglamentaciones técnicas e incluso, subsidiariamente, el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

Debido a que, por todo ello, supone un "grave obstáculo" para la unidad de mercado español y tendrá "unos efectos muy negativos" para el sector, Anfac solicita a la Comisión Europea que inicie un procedimiento por infracción del Derecho de la Unión Europea.

En el caso de que Baleares no rectifique la ley, los fabricantes de vehículos exigen que se adopten medidas cautelares que la suspendan.

Al respecto, Anfac recuerda que está a favor de una Ley de Cambio Climático y Transición Energética que no se base en prohibiciones, sino que fije objetivos ambiciosos de reducción de emisiones y estrategias para conseguirlos, tales como la promoción de la renovación y el achatarramiento del parque móvil avejentado.

Esto debe ir acompañado de incentivos de la adquisición de vehículos que utilicen combustibles procedentes de fuentes alternativas, así como de medidas fiscales beneficiosas tanto para los automóviles como para la instalación de puntos de recarga y otros beneficios no económicos.