Los comercios expulsados denunciarán a Porto Pi por "contrato abusivo"

Los responsables de la veintena de comercios que durante 18 años han ocupado los huecos del espacio común de Porto Pi Centro Comercial preparan la presentación de una demanda contra los gestores del centro comercial por contrato abusivo.

mallorcadiario.com ha podido saber que el colectivo ya ha contactado con una abogada que será la que diseñe la estrategia judicial. La primera idea es pedir indemnizaciones económicas muy importantes. La abogada que llevará el caso es conocedora de un antecedente en Marratxí en el que, por la misma cláusula de contrato que afecta ahora a estos comerciantes, la "víctima" recibió una fuerte indemnización compensatoria. Pedirán lo mismo.

Todos estos negocios han sido desalojados de los espacios que han ocupado todos estos años a pesar de que cada mes han pagado religiosamente el alquiler de la superficie ocupada a razón de entre 2.000 y 3.000 euros mensuales.

Como adelantó este miércoles mallorcadiario.com, una cláusula del contrato especifica que, “si el Ajuntament considera que el espacio objeto de este contrato no está amparado por la licencia correspondiente, el presente contrato se resolverá automáticamente”. Los afectados, que firmaron el contrato con la cláusula, se ven perjudicados ahora por el proceder de Porto Pi que nunca les ha facilitado la licencia que les reclama ahora el Ajuntament de Palma.

Por esta razón, la práctica totalidad de comerciantes que han tenido que desmantelar sus negocios ubicados en una zona irregular se han reunido este jueves con el concejal de Urbanismo Jesús Valls quien les habría prometido encontrar una solución al conflicto, al menos de cara a estas fiestas navideñas.

Porto Pi Centro Comercial lleva 18 años cobrando entre 2.000 y 3.000 euros mensuales a una veintena de negocios que se ubican en los huecos de las dos plantas comerciales y que ahora han sido expulsados por Cort por carecer de licencia de actividades. En suma, los gestores del centro comercial se han venido embolsando por este concepto irregular unos 600.000 euros anuales.