El trabajo de los miembros de las Fuerzas de Seguridad no es fácil. Esto es algo evidente. A menudo deben enfrentarse a situaciones conflictivas con personas violentas y peligrosas que requieren el uso de la fuerza para ser reducidos. Sin embargo, el uso de la fuerza debe ajustarse a los principios de congruencia, oportunidad y proporcionalidad, según establece la Ley. Pero a menudo esto no es así y se producen extralimitaciones y abusos.
Amnistía Internacional denuncia multitud de estos casos y lamenta que sus denuncias por uso excesivo de la fuerza a manos de la policía a menudo ni se investigan adecuadamente ni, por lo tanto, se castiga a los responsables.
En los últimos días los Mossos d’Esquadra, la Policía Autonómica dependiente de la Generalitat de Catalunya, se ha visto envuelta en una grave polémica por el fallecimiento de un empresario catalán, Juan Andrés Benítez, tras ser reducido en la madrugada del 6 de octubre. Unos vecinos grabaron en vídeo el momento de la detención y se comprueba claramente que al menos 6 agentes golpean con puñetazos, rodillazos y patadas a Benítez, entre los gritos de dolor de este.
Sin llegar a la gravedad de este caso, en Baleares también ha habido casos de abusos. En marzo de 1995 dos guardias civiles y tres policías locales de Sant Antoni de Portmany (Ibiza) fueron juzgados por la Audiencia de Palma acusados de malos tratos y vejaciones a dos ciudadanos árabes en septiembre de 1991.
En mayo de 2009 la sección primera de la Audiencia de Palma juzgó un caso ocurrido en noviembre de 2004, cuando agentes de la Policía Local de Palma sorprendieron en un aparcamiento de la calle Joan Miró a dos hombres que supuestamente habían mantenido relaciones sexuales. El conductor del coche fue detenido acusado de atentado a agentes de la Autoridad ya que según los agentes, intentó arrollarles. Una vez en los calabozos del cuartel de San Fernando los agentes trataron de forma vejatoria al detenido, le dejaron desnudo, le insultaron por su condición de homosexual e incluso le privaron de agua durante unas 10 horas, hasta que acudió el abogado de oficio.
El 7 de agosto de 2009 Iván Cortés Díez se encontraba en el aeropuerto de Palma. Dos agentes de la Guardia Civil le pidieron que se identificara y él respondió en catalán. Los agentes le exigieron que lo hiciera en español. Tras este incidente le llevaron a una habitación donde le propinaron diversos golpes. En abril de 2011 uno de los agentes fue absuelto y otro fue condenado por una falta de lesiones a una multa de 1.200 euros.
En noviembre de 2009 agentes del Cuerpo Nacional de Policía detuvieron a un inspector y a un policía acusados de someter a torturas a un detenido en la Jefatura Superior de Palma. El juez de guardia ordenó su ingreso en prisión. Al parecer dos agentes que no estaban de servicio presenciaron un altercado y el causante fue detenido. Una vez en los calabozos, los dos agentes fueron a ver al detenido y le golpearon violentamente, aunque ellos alegaron que tuvieron que reducirlo porque se mostraba agresivo. Sin embargo, no pudieron justificar su presencia en los calabozos ya que no estaban de servicio y además, otro agente observó la agresión y la denunció a sus superiores.
En marzo del año pasado dos policías nacionales que conducían un vehículo oficial camuflado en la carretera del Cap Blanc atropellaron a un ciclista y se dieron a la fuga sin auxiliar a la víctima. La Guardia Civil logró interceptarles y tras hacerles la prueba de alcoholemia comprobaron que se encontraban bajo la influencia de las bebidas alcohólicas. Más adelante se averiguó que quien conducía el vehículo era Carlos José G.C., un inspector del grupo de crimen organizado. Tras unos meses suspendido de empleo y sueldo en agosto de este año se reincorporó a su puesto y está a la espera de juicio.
Más recientemente, el 29 de octubre se celebró en la Audiencia Provincial de Palma el juicio a cuatro agentes de la Policía Local de Palma que protagonizaron un incidente con el propietario de un restaurante y su esposa. Lo llamativo del caso es que los agentes acusados de lesiones y de abuso de autoridad ocuparon el banquillo de los acusados vistiendo el uniforme reglamentario, lo que contraviene sus propias normas. Y además, otros agentes de servicio acudieron también de uniforme a presenciar el juicio como público. La presidenta del Tribunal tuvo que ordenarles que si querían estar en la sala, debían dejar las armas de fuego a la Guardia Civil.
