En Baleares, la celebración de los cuarenta años de la Constitución española han pasado, en buena parte, desapercibidos. Ni los principales ayuntamientos, ni los consells insulares, ni el propio Parlament han convocado actos singulares de la misma manera que no han realizado ningún tipo de homenaje o declaración. Sólo el acto institucional convocado a tres bandas por la presidenta del Govern, la delegada del Gobierno y el presidente del Consell de Mallorca en el Palacio de la Almudaina ha constituido la única conmemoración de la Carta Magna tras cuatro décadas de existencia. Un acto, por otra parte, prácticamente calcado al que se produce cada año con motivo de 6 de diciembre.
El texto legal que establece el orden y la organización de España como un estado formado por ciudadanos libres e iguales debería haber tenido un mayor reconocimiento. Durante estos cuarenta años, la Constitución ha garantizado la convivencia de una sociedad diversa y plural que ha alcanzado un alto nivel de desarrollo económico y social, favoreciendo el mayor periodo de progreso que ha conocido el país. Sería de justicia que quienes tienen el encargo de representar a los ciudadanos así lo reconocieran y hubieran promovido un mayor homenaje.
Llevar a cabo este reconocimiento no debe ser contrario a la necesidad de actualización de la Carta Magna. Lógidamente, a lo largo de 40 años se han producido grandes cambios en el país y en nuestro entorno, y algunos aspectos de la Constitución requerirían una modificación. Una modificación que permitiera el reconocimiento de esos cambios y, a su vez, que reforzase los elementos capitales del texto surgido del mayor consenso establecido nunca entre todos los sectores del país.
En 1978, nueve de cada 10 españoles la refrendaron con su voto. Cuarenta años después, el 69,6 por ciento de los ciudadanos considera necesaria una reforma constitucional, según señalaba el CIS del pasado septiembre. Este ansia reformadora, sin embargo, no va dirigida en un sólo sentido. De hecho las propuestas de las diferentes formaciones señalan aspiraciones muy diversas cuando no abiertamente opuestas. Unos quieren suprimir el Senado, otros acabar con la monarquía, otros crear un estado federal y algunos, más recientemente, acabar directamente con las autonomías.
La libertad amparada por la propia Constitución permite que cada cual se exprese como quiera y que, sin saltarse el marco legal, defienda las aspiraciones que considere. La Constitución no debe ser un elemento monolítico y será bueno que avance al ritmo de los tiempos, pero no sería adecuado que cualquier modificación no fuera impulsada por el mismo espíritu de consenso y de gran pacto social con el que nació. Esa es su trascendencia y el valor que nuestros representantes más próximos deberían haberle reconocido con un mayor homenaje.
