Liberalización de sectores económicos regulados por las App

Los orígenes de la UE en base a un mercado común y a la libre circulación de personas y capitales entre los estados miembros pronto imprimió la necesidad de la apuesta por la liberalización de los servicios en los mercados nacionales, que hasta la fecha se habían configurado bajo políticas proteccionistas, sustentándose a través de devaluaciones de las monedas patrias con el objetivo de preservar el tejido productivo nacional, aún a sabiendas de que no era competitivo, frente a “injerencias” extranjeras.

En el año 2006 se aprobó la Directiva Europea dirigida a la liberalización de servicios en los Estados miembros, conocida como Directiva Bolkenstein, y en España cobró vigencia a partir de su transposición en el año 2009. Ésta ha sido una de las herramientas más importantes para que los (muchos) gobernantes, muy a su pesar, hayan tenido que empezar a desmontar estructuras arcaicas y prácticas monopolísticas en virtud de las cuales, las AAPP mantenían, y aún hoy mantienen, determinadas actividades al margen de la libre competencia, como es el caso del transporte discrecional de pasajeros (taxis, VTC, rutas regulares de autobuses), las farmacias, notarios, registradores de la propiedad, estancos, colegios profesionales, administraciones de loterías, compañías ferroviarias, ITV, etc. Cuando hablamos de reformas estructurales en España en General y en Baleares en particular, vemos como, fruto de la miopía política y de la defensa del statu quo imperante no se han adoptado medidas reformistas ni liberalizadoras por lo que ahora nos encontramos con determinados sectores económicos anquilosados, desfasados y sin capacidad de competir en un mercado abierto. La evolución de los tiempos tiene que ir acompasado de las necesarias adaptaciones de la legislación. La actitud contemplativa de muchos políticos y su incapacidad para ejercer el liderazgo que ser le presupone nos ha conducido a políticas pusilánimes que (casi) siempre han ido en detrimento de la libertad y a favor del proteccionismo.

La liberalización de los sectores económicos implica reformas con visión de futuro, con luces largas, en ocasiones son políticamente complicadas, pero resultan imprescindibles para que la economía sea robusta, genere oportunidades de negocios/empleo a todos los ciudadanos por igual y permita la internacionalización de sus actividades. El proteccionismo permite “blindar” a los ya instalados y perjudica al resto de la sociedad.

Centrándonos en la actividad del taxi, como el ejemplo más evidente de proteccionismo decimonónico, se establece que las AAPP limitan la entrada de nuevos operadores en el negocio mediante la concesión de licencias, decidiendo así la oferta de forma unilateral y arbitraria, llegando incluso a regular o fijar directamente el precio del servicio. Tal y como expone el economista Manuel Llamas, este tipo de trabas genera incentivos perversos, dado que los dueños de las licencias acaban por presionar a las AAPP para congelar o reducir, al máximo posible, la concesión de nuevos permisos con el fin de limitar la competencia en beneficio propio. Los númerus clausus garantizan que el número de licencias tienda a permanecer relativamente estático a lo largo de los años, aunque la población aumente, el valor de las licencias suba de forma sustancial y la oferta no cubre, satisfactoriamente, la demanda existente. En cambio, si se procede a la liberalización la apertura de las licencias se traduce en un sustancial aumento de operadores, una mayor cobertura geográfica, más eficiencia y precios más bajos para el consumidor. Ejemplo de lo anterior es Irlanda que en el año 2000 ya procedió a desregular este sector económico, dejando bien a la claras el camino a seguir. Con esta reforma se flexibilizó el sistema, permitiendo acceder al taxi a todo aquél que cumpliera los requisitos legales establecidos y, como consecuencia, la oferta se disparó. El número de taxis en Dublín (500.000 habitantes), que por ese año tenía 2.000 licencias, se disparó hasta las 9.000 unidades apenas dos años después, y hoy se estima que operan de forma regular más de 16.000 taxistas. ¿Cuántos hay en Palma de Mallorca?. Como es lógico, a mayor oferta, menor precio. Muchas compañías de taxis cuentan con tarifas planas y una amplia gama de descuentos con el consiguiente ahorro para el consumidor. Además, esta apertura se ha traducido en una mayor profesionalización de la industria, mejorando con ello su calidad e imagen pública. En España el único organismo público que se ha tomado en serio el proceso de liberalización de los sectores económicos es la CNMC que para lograr una mayor libertad de acceso al mercado de taxi y VTC, recomienda eliminar cualquier restricción de acceso que suponga la imposición de un 'numerus clausus' a la oferta de ambos servicios y cualquier restricción en el ámbito territorial de las licencias por crear barreras geográficas innecesarias. Así mismo, determina la eliminación de la regulación de tarifas y pide establecer cuantías proporcionadas en las coberturas de los seguros obligatorios y eliminar la obligación de disponer de un número mínimo de vehículos para poder realizar la actividad de VTC. Además recomienda mayores libertades en el ejercicio de la actividad del taxi y VTC, con la eliminación de aquellos requisitos de calidad y seguridad que resulten innecesarios o desproporcionados, y de los horarios obligatorios y regímenes de descanso en el sector del taxi. La CNMC también aconseja eliminar la limitación de titularidad de las licencias a personas físicas o cooperativas de trabajo, del número de licencias por persona y la posibilidad de que haya conductores distintos al titular de la licencia, al tiempo que pide suprimir la prohibición de arrendar, traspasar o ceder la explotación o el vehículo y la eliminación de las tarifas reguladas en el taxi. Finalmente, se recomienda eliminar la autorización administrativa por vehículo para la realización de la actividad de VTC, permitiendo que ésta se otorgue por empresa, y suprimir la obligatoriedad de que los coches con conductor deban ser contratados previamente para poder circular y la imposibilidad de que éstos puedan circular por las vías públicas en busca de clientes ni recoger a viajeros que no hubiesen contratado previamente el servicio. El sector del taxi es uno entre muchos otros compartimentos “estancos” de nuestra sociedad que se mantienen inalterables e intactos por la nula capacidad política y social de abordar la evolución como una oportunidad y no como un problema. Así, lo que es evidente es que hoy en día no tiene ningún sentido el que existan “cotos” en sectores económicos que generan disfunciones en el mercado y que implica asumir ciertos límites y condiciones que acaban por distorsionar, de forma grave, la libre competencia.

La gran pregunta es ¿porqué, como consumidores, tenemos que negarnos la existencia de cuanta más oferta mejor y cuanta más competencia mejor?. Nuestra sociedad será generadora de oportunidades siempre y cuando los goberantes estén a la altura de las circunstancias, sean capaces de trabajar con la vista puesta más allá del corto plazo y que piensen en el futuro y no en las próximas elecciones. Hay que transformar la sociedad y no anclarla en las reivindicaciones del pasado perjudicando las expectativas del presente y del futuro. En lugar de tener miedo a la evolución hay que aliarse con ella.

En definitiva, hay que vencer las resistencias al cambio y evolucionar hacia una sociedad más libre y ello sólo se conseguirá a través de la puesta en marcha de una agenda de reformas del sistema para que todos los ciudadanos tengan las mismas oportunidades a través de una regulación mínima, clara y con vocación de permanencia, porque en caso contrario los sectores “protegidos”, en los que no existe competencia “oficial”, acabarán por quebrar frente a la innovación y las nuevas tendencias.