La eutanasia, un debate entre la medicina y la ley

La sede del Colegio de Médicos de Baleares (COMIB), en Palma, ha acogido la jornada 'Deliberación sobre el final de la vida' con la participación de dos prestigiosos ponentes: la profesora titular de Derecho Penal de la Universitat de les Illes Balears, Carmen Tomás y Valiente, y el vocal de Bioética de España y jefe de la unidad de Cuidados Paliativos del Hospital 'Fundación Jiménez Díaz', de Madrid, el doctor Álvaro Gándara. La presentación de ambos conferenciantes corrió a cargo de la presidenta del COMIB, Manuela García Romero, y la responsable de la Comisión de Ética y Deontología de la institución colegial, la doctora Sandra Ferrer.

"EN LOS PAÍSES EN QUE SE HA LEGISLADO, SE ESTÁ ABUSANDO DE LA EUTANASIA"

Durante su intervención, el doctor Gándara advirtió sobre los "efectos contraproducentes" que, a su juicio, ha generado la aplicación de la eutanasia o suicidio asistido en aquellos países en que se ha implantado. El ponente citó los ejemplos de Bélgica, Luxemburgo y Holanda, e indicó que en todos estos territoros "se está haciendo una errónea utilización de la ley, cayendo en el abuso y en las malas prácticas".

El doctor Gándara aseguró que la eutanasia "no constituye en España, hoy por hoy, una demanda social, ni mucho menos", ni tampoco es así, en su opinión, en otros países, ya que, según afirmó, los pacientes que solicitan la aplicación del procedimiento de muerte asistida "son muy pocos, e incluso entre estos pocos los hay que se vuelven atrás en su decisión al cabo de un tiempo".

Para Gándara, cuya labor profesional en el Hospital 'Fundación Jiménez Díaz' le convierte en un profundo conocedor de la realidad de los enfermos terminales, el desafío que ha de afrontar la sociedad "pasa por mejorar la calidad y la cantidad de los cuidados paliativos, porque esa es la respuesta terapéutica a la que los pacientes deben tener derecho y cuya prestación, en las mejores condiciones, ha de constituir un deber para la medicina".

Por estos motivos, Gándara incidió en que el mensaje que pretendía transmitir al númeroso público que se dio cita en la sede del COMIB es "desmontar los argumentos del Gobierno y de los grupos parlamentarios que están a favor de la eutanasia", en referencia a la Proposición no de ley (PNL) que el PSOE ha presentado hace escasos días en el Congreso de los Diputados y cuya tramitación se halla, ahora mismo, en su punto de arranque.

"HAY QUE ESTABLECER LOS MECANISMOS PARA EVITAR LAS MALAS PRÁCTICAS"

Muy diferente fue el punto de vista expresado por la otra ponente que tomó parte en la jornada, la profesora de Derecho Penal de la UIB Carmen Tomás y Valiente. En este sentido, la conferenciante recordó que "legislar un derecho supone, únicamente, que las personas que quieran ejercerlo tengan esa posibilidad, sin imponérselo al resto de ciudadanos que no se declaran partidarios".

Aún así, la profesora y abogada admitió que la fórmula escogida por el Grupo Socialista en el Congreso, en concreto la presentación de una PNL, "puede que no sea la más adecuada, porque impide un debate más profundo entre todos los colectivos que tienen algo que aportar en una cuestión tan crucial como la muerte asistida".

Para Tomás y Valiente, el aspecto más importante de la futura legislación, la cual adquirirá el rango de ley orgánica y precisará de la mayoría absoluta de la Cámara para su aprobación, es "delimitar en qué casos es plausible autorizar la eutanasia, y en cuáles no, y, acto seguido, establecer los mecanismos oportunos para evitar cualquier situación de abuso o de praxis deficiente".

A este respecto, la ponente recordó que en los países en que se permite el acceso al derecho a la eutanasia "se ha optado por vías diferentes, desde otorgar el permiso tan solo en el caso de pacientes terminales, como ocurre en los territorios federados de Estados Unidos que cuentan con esta legislación, hasta extenderla a otros enfermos para los que el final de la vida puede que no esté cercano, pero que aún así, a causa de su dolencia, han de afrontar un grave padecimiento físico y psíquico".

Este es el caso de las regulaciones efectuadas en los países europeos en que existe la ley de eutanasia, y también es el criterio que defiende la propuesta presenta en el Congreso por el PSOE.

"LA EUTANASIA HA DE EXTENDERSE MÁS ALLÁ DE LOS ENFERMOS TERMINALES"

A este respecto, Tomás y Valiente alertó de que, en su opinión, "la proximidad de la muerte no debería ser el único supuesto en el que ha de entrar una legislación de estas características". La profesora de la UIB expuso el caso de los enfermos de ELA, los cuales "pueden sobrevivir durante muchos años a la patología, y, en cambio, durante todo este tiempo, hacer frente a una situación de indefensión, de falta de autonomía y de dependencia que se les hace completamente intolerable".

También en estos casos, a su juicio, "tiene que existir la posibilidad de ejercer el derecho de la muerte asistida, porque, en definitiva, estamos hablando de una opción directamente vinculada a la condición de la persona como ser libre y autónomo".

Al mismo tiempo, Tomás y Valiente trató de replicar los argumentos que los sectores contrarios a la eutanasia realizan a menudo en torno a la supuesta confrontación entre la eutanasia y los cuidados paliativos. Para la conferenciante, "ambos derechos no son antagónicos, sino plenamente coincidentes. El paciente ha de tener la oportunidad de acceder a ambos en igualdad de condiciones, y con suficientes garantías de calidad en la prestación".

De hecho, Tomás y Valiente es partidaria de "dotar de más recursos" a las áreas que facilitan atenciones paliativas, ya que, según indicó, "esto no tiene por qué redundar en un cuestionamiento de la muerte asistida".

LOS MÉDICOS RECLAMAN QUE SE CONTEMPLE LA OBJECIÓN DE CONCIENCIA

Finalmente, durante la presentación de los ponentes, la doctora Sandra Ferrer, presidenta de la Comisión de Ética y Deontología del COMIB, alertó sobre la "contradicción" existente entre la pretensión de introducir la regulación de la eutanasia y, al mismo tiempo, preservar los preceptos recogidos en el código deontólogico de los facultativos.

Ferrer recordó que, con la actual redacción en la mano, "existe una cierta colisión entre uno y otro objetivo, porque las normas deontológicas, que son de obligado cumplimiento para toda la comunidad médica, marcan muy claramente que la función del médico es la de hacer todo cuanto esté en su mano para salvar la vida del paciente".

En esta línea, la representante colegial solicitó que "al menos, la futura ley ha de dejar una constancia muy clara del derecho del médico a la objeción de conciencia en estos casos", y criticó la "falta de diálogo" con que, bajo su perspectiva, el PSOE ha tramitado su propuesta. A su juicio, "resulta sorprendente que para llevar adelante una iniciativa de este calado no se haya reclamado la opinión y el punto de vista del sector asistencial y sanitario".