Ley Campoamor

En la vida, de la que los políticos son un reflejo más que un modelo, nada hay verdad ni mentira: todo es según el color del cristal con que se mira. Vidrio traslúcido, si no opaco, fue el que trató de envolver ayer la comparecencia a puerta cerrada de la presidenta del Govern, Francina Armengol, para dar explicaciones por la reserva de una propiedad que no podía pagar y cuya existencia negó, sin sonrojarse.

No hay delito en la especulación urbanística acometida por el senador Ramón Espinar, como tampoco parece que lo hubo en la compra por Jaume Matas del inmueble de San Felio, porque no se ha podido probar el origen irregular de los fondos con los que se adquirieron, aunque nadie ha dudado en reclamar explicaciones, incluso la intervención de la justicia. Tampoco se ha señalado a la secretaria general del PSIB como presunta autora de un ilícito penal, por mostrar interés hacia una vivienda cuyo coste era inalcanzable para sus ingresos reconocidos, pero sí es razonable saber por qué ocultó esa operación y qué justifica que se embarcara en una aventura imposible.
Cuando en 2012 El Mundo EDB denunció la compra por parte de Joan Nadal, pareja de la portavoz del grupo parlamentario socialista, de una casa señorial de origen medieval de cuatro plantas, a espaldas de la Iglesia de Santa Eulàlia de Palma, todo inducía a pensar que el jardinero llevaba a cabo un ‘pelotazo’ de dimensiones estratosféricas. La adquisición se veía enmascarada, todavía más, cuando se supo que la compra se había formalizado gracias a los más de dos millones de euros prestados por Sa Nostra a una empresa constituida con 3.000€, pocos meses antes. Un favor de la entidad por razones inalcanzables para cualquiera de nosotros, especialmente en plena crisis inmobiliaria y con la única solvencia del propio palacete.

Entonces y hasta hace pocas semanas, Armengol negó tener relación alguna con los asuntos de su compañero, a pesar de que en 2013 había firmado un documento en el que mostraba su intención de adquirir un ático de 500 m2 en ese edificio, cuya valoración superaba el millón de euros, mientras declaraba unos ingresos brutos en 2012 de 62.044€ anuales (3.500€/mes). Sin contar la hipoteca de más de ciento diez mil euros que tenía pendiente de su casa, liquidar en 20 años el nuevo crédito le supondría pagar unos 5.000€ mensuales más.

Sus socias ecosoberanistas han querido mostrarle apoyo, invitando a que no se confunda transparencia y exhibicionismo, con lo que podríamos estar de acuerdo si no fuera una reclamación que solo plantean cuando les afecta negativamente, pero que explotan sin miramiento cuando les conviene. Los partidos y las organizaciones sindicales o patronales pueden llegar a sobreactuar cuando pueden obtener un rédito, pero los ciudadanos siempre tenemos derecho a solicitar mayor transparencia y claridad de una servidora pública.

La misma responsabilidad política que exigen quienes apelan reiteradamente a la honestidad y la eficiencia se le debe exigir a quien, cuanto menos, demostró temeridad para gestionar su patrimonio y el próximo año administrará más de 4.600 millones de nuestros impuestos.

Así pues, que se abran las puertas del Parlament de par en par, para que todos podamos cerciorarnos de que detrás de este sinsentido no hay una nueva muestra de incoherencia entre los que solo ven la paja en el ojo ajeno.