La Justicia ha vuelto a asestar un duro revés a los planes del Ejecutivo Armengol para controlar la pandemia. Este jueves, el TSJIB tumbaba la intención del Govern de exigir el Certificado Covid -que recoge la pauta completa de vacunación de una persona o avala la superación de la enfermedad- en grandes eventos deportivos con más de 500 personas en interior o 2.500 en exterior y culturales con más de 500 personas en espacios cerrados y 2.500 en el exterior, además de en bodas, bautizos o eventos similares con más de 120 individuos en espacios exteriores o más de 50 en espacios interiores.
En un auto de 20 páginas, las magistradas Carmen Frigola, Alicia Esther Ortuño y Felisa Vidal indican que la solicitud del Govern contiene generalidades y muy poca concreción y recuerdan que el deber de la Administración es siempre justificar la proporcionalidad de la medida acordada. Según las magistradas, esta exigencia es directamente "una solución radical y limitativa de derechos" y un "contrasentido" ya que a pesar del avance de la vacunación "la Administración intenta imponer medidas de ese tipo restrictivo".
No es la primera vez que el Ejecutivo de Armengol u otro gobierno autonómico ven frustrados sus planes para gestionar la pandemia por parte de los jueces. Hace pocos días, el Tribunal Supremo rechazaba la misma medida para entrar en el ocio nocturno de Andalucía, y en otros territorios, como Canarias, Galicia y Cantabria, sus respectivos Tribunales Superiores también han rechazado las intenciones de imponer el Pasaporte Covid para entrar en los locales de hostelería.
En líneas generales, los magistrados sostienen que los gestores políticos no han justificado suficientemente su implantación ya que se trata de manera genérica a todo un territorio sin tener en cuenta los distintos escenarios de cada zona o municipio.
El Poder Judicial está, entre otras cosas, para velar por el cumplimiento de los derechos fundamentales de los ciudadanos y si el poder Ejecutivo, en su proceder, atropella cualquiera de estos, los magistrados deben ponerle freno. Si además, como denuncian las asociaciones de jueces, el Gobierno central no impulsa una legislación 'ad hoc' que unifique criterios en todo el país y determine las reglas del juego en tiempos de pandemia, el caos es absoluto y el ciudadano se pierde en un mar de reproches y acusaciones que nada solucionan y sí emponzoñan más el ambiente.
Muchos sectores económicos -todos con importante presencia en Baleares- se encuentran desde hace más de un año en la UCI. Es el caso del ocio nocturno: sus propios responsables han pedido que el Certificado Covid sea obligatorio para poder abrir con seguridad y ahora, con la decisión del TSJIB, está por ver si les dejarán activarse de nuevo.
Los estadios de fútbol, otro ejemplo, ya reciben público -con mascarilla, aforo y distancias- pero el número de asistentes podría aumentar si se hubiese admitido la obligatoriedad de certificado o pruebas diagnósticas. El razonamiento es fácil: todos vacunados o con PCR negativa, riesgo infinitamente menor.
Llegados a este punto, conviene recordar que el coronavirus es una enfermedad vírica y por tanto, el peligro del comportamiento y las decisiones de una persona trasciende la individualidad: un enfermo de cáncer no puede contagiar la enfermedad a otro individuo pero un enfermo de coronavirus sí puede pasarle el problema a otro, causándole desde un cuadro asintomático hasta la muerte.
Por ello, si la vacuna es la única solución para salir de esta pesadilla colectiva, la vacuna debe entenderse como la única llave para participar en comunidad en condiciones de riesgo mínimo. Hay que lograr, entre todos, convencer con argumentos a los aún no vacunados para que den el paso y se sumen al remedio.
