La UE agiliza el trámite para recibir ayudas ante catástrofes naturales

El pleno del Parlamento Europeo aprobará mañana la reforma del Reglamento que regula el Fondo de Solidaridad de la UE, dando así luz verde a un cambio de la normativa ya consensuado con la Comisión y el Consejo que supondrá que a partir de ahora la respuesta de la UE a las víctimas de catástrofes naturales de la UE va a ser mejor y más ágil, clarificando su aplicación en el caso de catástrofes lentas como las sequías así como el uso de estas ayudas para los desastres de ámbito regional.

La eurodiputada balear del PP Rosa Estaràs, autora del informe del Parlamento Europeo e impulsora de muchas de las mejoras que incorporará el nuevo reglamento, ha ofrecido hoy una rueda de prensa para explicar el alcance de esta reforma junto al comisario de Política Regional, Johannes Hahn, y la presidenta de la Comisión de Desarrollo Regional del Parlamento Europeo, Danuta Hübner. En su intervención, han destacado la importancia del acuerdo alcanzado entre todas las instituciones comunitarias de un asunto de gran calado para la ciudadanía europea cuya reforma se consideraba importante desde hace tiempo para responder a los fallos que se habían visto en la aplicación de un instrumento que, según han resaltado, es “una de las caras de la solidaridad de la UE más visibles y más afectivas”.

“Gracias a esta reforma, el Fondo de Solidaridad va a ser un instrumento mucho más eficaz”, ha resaltado la eurodiputada balear, que aunque ha lamentado que no se haya incluido un aumento de los fondos para estas situaciones considera que va a haber un claro beneficio para los ciudadanos.

Estaràs, Hahn y Hübner han destacado el esfuerzo que ha sido preciso llevar a cabo para sacar una reforma que se intentaba realizar desde 2005, solo tres años después de la entrada en vigor del Fondo. Todos ellos han agradecido a la Presidencia Grecia su contribución para lograr que el acuerdo haya sido posible en este tramo final de la legislatura.

Uno de los más importantes, ha indicado Rosa Estaràs, es que podrán recibir anticipos una vez que desde la Unión Europea se haya comprobado que hay circunstancias para aplicar el Fondo y mientras se completa el expediente. Ese anticipo podrá ser de hasta un 10% del total, hasta un máximo de 30 millones de euros. “Los anticipos eran muy importantes porque cuando hay una catástrofe la agilidad es muy importante y después de muchas dificultades técnicas hemos podido desbloquear este tema”, ha añadido.

También se reduce el tiempo hasta las seis semanas para que la Comisión deba decir a los solicitantes si tienen derecho a recibir las ayudas. Por su parte, los afectados contarán con más plazo para presentar su solicitud y hasta un año y medio para ejecutar las ayudas.

Uno de los principales problemas en el funcionamiento del Fondo que se habían percibido y que se ha corrido en esta reforma es la clarificación de los casos en que se puede ayudar desde la UE a las regiones que sufren una catástrofe, ya que hasta ahora era sencillo cuando era un desastre nacional, pero la falta de regulación ha obligado desde 2002 a rechazar algunos casos de ámbito local por falta de claridad.

Las nuevas normas establecen un criterio común de elegibilidad para las catástrofes regionales. Se trata de un umbral mínimo de daños fijado en el 1,5% del Producto Interior Bruto (PIB) de la región afectada, que se queda en el 1% en el caso de las regiones ultraperiféricas como Canarias.

“Se ha concretado muy bien cuando una región va poder tener acceso al fondo o no con unos umbrales muy claros, y por lo tanto ahora cuando haya una catástrofe las regiones sabrán si tienen acceso al fondo en qué condiciones”, ha resaltado Rosa Estaràs.

El Fondo de Solidaridad de la UE se introdujo en 2002 en respuesta a las inundaciones de ese mismo año en Europa central. Desde entonces, el Fondo se ha movilizado en 56 ocasiones para ayudar a las personas afectadas por tormentas, inundaciones, incendios forestales, terremotos y sequías. Hasta ahora, 23 países se han beneficiado de esta ayuda con un coste total de cerca de 3.600 millones de euros.