La paciencia parece haberse acabado para los vecinos que viven en las inmediaciones de la carretera de la Serra de Tramuntana Ma-10, que va desde Andratx hasta Pollença. Agrupados en la plataforma ‘Indignats Ma-10’, el pasado sábado se concentraron en la travesía de Banyalbufar y cortaron el tráfico en protesta por las carreras de motos que tienen lugar casi a diario y ya no sólo los fines de semana, en dicha vía, especialmente entre Sóller y el Puig Major. A raíz del corte del tráfico, se produjo un enfrentamiento violento con un motociclista que no quiso detenerse y amagó con atropellar a algunos miembros de la plataforma, momento de tensión que recogieron las cámaras de IB3.
A pesar de que el año pasado el Consell de Mallorca, institución titular de la vía en cuestión, estableció una limitación de velocidad específica para la vía de 60 kilómetros por hora y se prohibió el adelantamiento con señales verticales y marcas viales de línea continua en muchos tramos, muchos motociclistas no respetan las normas establecidas y priorizan lo que ellos consideran su derecho a disfrutar de una carretera con curvas, donde pueden trazarlas a alta velocidad y tumbándose, como si estuvieran en un circuito de carreras. Y todo ello, además, haciendo rugir sus motores, ya de por sí estruendosos, al pasar por las inmediaciones de las travesías de los pueblos, sobresaltando a los vecinos.
En primer lugar, hay que recordar a los ciudadanos que la libertad de reunión y manifestación exige comunicar a la Delegación del Gobierno las protestas que se pretendan llevar a cabo, a fin de garantizar los derechos de los manifestantes, pero también del resto de la ciudadanía. Nadie puede, por su cuenta y riesgo, cortar el tráfico en una carretera comarcal, por más que sea para protestar o porque estén hartos de una situación que se considera injusta. Las autoridades competentes deberían tomar nota de la situación y sancionar a los organizadores, todos ellos perfectamente identificables, como se ha hecho en incontables casos de manifestaciones no comunicadas con la debida antelación a la autoridad gubernativa.
Y acto seguido, hay que exigir a la delegada del Gobierno, Aina Calvo, que deje de poner excusas absurdas, como acostumbra, y adopte las medidas necesarias, con los numerosos recursos con que cuenta la Administración General del Estado, para terminar con las carreras ilegales que no son cosa de un día, sino de muchos años atrás. Se ha llegado a esta situación intolerable por la indolencia de la Delegación del Gobierno en Baleares. Póngase fin a esta situación de anarquía en la carretera y destínese a los efectivos de la Guardia Civil de Tráfico que sean necesarios para recobrar la disciplina vial en una carretera donde algunos conductores de motos, muchos más de los que se puede pensar, consideran que allí no hay ley ni autoridad ni DGT.
