El adelanto electoral en Cataluña ha desbaratado los planes del Gobierno de coalición de PSOE y Sumar, presidido por Pedro Sánchez. Su renuncia a presentar las cuentas públicas para 2024, según tenía anunciado el presidente, ha abierto, además, una brecha en el seno del Ejecutivo, pues desde la formación de la vicepresidenta 2ª, Yolanda Díaz, se censura que el PSOE renuncie a negociar los presupuestos. Pero también los socialistas reprochan a Sumar que no haya sido capaz de forzar a sus socios de los Comuns (su marca en Cataluña) a dar su apoyo a los presupuestos de la Generalitat, lo que a la postre ha empujado a Pere Aragonès a adelantar los comicios.
Esta piedra en el camino, sin embargo, tiene consecuencias directas en la estabilidad económica de las comunidades autónomas, entre ellas de Baleares, pues deja en el aire importantes proyectos ya anunciados, como la condonación de deuda pública, y otros por negociar, como los convenios que se reclaman en materia de carreteras y el convenio ferroviario.
Esto demuestra una falta de seriedad por parte del Gobierno central, que genera desconfianza y perjudica las relaciones políticas e institucionales. Y hablar de presupuestos para 2025 es como lanzar una moneda al aire, pues el inquilino de La Moncloa no tiene en su mano hacer planes a quince días vista, mucho menos a un año.
Además, mientras Cataluña convoca elecciones anticipadas ante la imposibilidad de aprobar sus presupuestos, el Gobierno central permanece impasible y renuncia siquiera a presentarlos y negociarlos, ante el riesgo de que se los tumben. Para evitar ese riesgo, más que real, se opta por la cobardía y la irresponsabilidad de no presentarlos, contradiciendo, una vez más, la palabra dada.
No habrá PGE para 2024, sino que serán los de 2023 debidamente prorrogados, pero tampoco está claro que pueda haberlos para 2025. Y el nuevo modelo de financiación autonómica queda aplazado sin fecha.