El fiscal superior de Balears, Bartomeu Barceló, desveló en la entrevista publicada ayer por mallorcadiario.com que el juez instructor y el fiscal del caso de presunta corrupción policial que afecta a la Policía Local de Palma, tienen asignado un servicio de contravigilancia y que además, se está estudiando la posibilidad de que lleven escolta. Esto da idea de la gravedad de las amenazas recibidas por parte del juez Penalva y del fiscal Subirán, quienes ya se vieron obligados a solicitar permiso de armas.
Como dice Barceló, se trata de algo excepcional primero por la entidad de las amenazas, pero también porque los investigados, que son agentes de la autoridad y miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, con lo que ello lleva implícito. Lamentablemente el caso no avanza con la rapidez que todo el mundo desearía y el hecho de que esté declarado el secreto del sumario hace que los investigados no puedan conocer los hechos de los que se les acusa ni las pruebas que hay contra ellos. Y teniendo en cuenta que hay 13 policías locales en prisión preventiva, la cosa es muy grave. Pero no cabe duda de que tanto el juez como el fiscal están convencidos de la procedencia del secreto de las pesquisas para evitar que se destruyan pruebas y que haya más coacciones a testigos. Y que hasta ahora la Audiencia Provincial ha respaldado las actuaciones ordenadas por el magistrado Penalva.
En todo caso es digno de resaltar la prudencia del fiscal superior a la hora de acotar el problema a la cincuentena de agentes locales investigados y que él califica de “pequeño sector”, a la vez que alaba el trabajo de la gran mayoría de buenos profesionales que “están al margen de este grupo”. Aunque sea una obviedad, es bueno que Barceló lo corrobore, de modo que no se extienda la sombra de la sospecha sobre el conjunto del colectivo.
